Xavier Díez
Hace algunos meses, las redes sociales se vieron inundadas de debates y controversias en torno a la salida —más o menos forzada— de Joan Ramon Resina de Vilaweb. Resina, destacado ensayista, profesor de la Universidad de Stanford y Cornell, y uno de los intelectuales más respetados del país, ponía fin a una larga etapa de colaboración con el citado medio digital. Un artículo reciente suyo, dedicado a la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones municipales de Nueva York y titulado “Un alcalde musulmán”, desencadenó un episodio confuso que acabó por romper la relación con el diario fundado por la familia Partal-Maresma.
En dicho texto, Resina sostenía una tesis compartida por un número significativo de personas: la acusación de islamofobia se ha convertido en un mecanismo para excluir del debate público a quienes defienden una sociedad fundamentada en la razón y alertan sobre los riesgos de una deriva teocrática cuando se minimiza el papel de una ideología fundamentalista infiltrada en las sociedades occidentales. Se trata, según el autor, de una opinión ampliamente extendida, aunque escasamente verbalizada y todavía menos formulada por escrito, dado que la etiqueta de “islamófobo” opera de facto como sinónimo de “racista”, “reccionario” o “fascista” y comporta la expulsión inmediata del propio espacio político y a menudo una excomulgación civil sin posibilidad de defensa. El clima de intimidación que impera en determinados sectores de la izquierda resulta, en este sentido, particularmente asfixiante y recuerda a la época del maccarthismo.
Este tipo de dinámicas, en un ámbito ideológico históricamente proclive al sectarismo, se han intensificado en los últimos años como consecuencia de la ocupación de amplios espacios políticos, mediáticos, culturales e intelectuales por parte de lo que se ha dado en llamar wokismo. Conviene, no obstante, introducir una matización. El término woke, popularizado recientemente y utilizado de manera despectiva por sus detractores, constituye una etiqueta simplificadora e imprecisa que desde la derecha se emplea para deslegitimar de forma indiscriminada un conjunto heterogéneo de propuestas políticas. Resultaría más adecuado referirse a una izquierda cultural, posmoderna o relativista, en la que los elementos emocionales y periféricos —el género, la apariencia estética, el origen étnico, los agravios específicos de las minorías o el subjetivismo generalizado— han desplazado los ejes clásicos del antagonismo social: la distribución del trabajo y de la riqueza, las condiciones materiales del bienestar colectivo, el control de los medios de producción o las prioridades económicas.
En los últimos años, y bajo una influencia clara del mundo anglosajón, un cierto discurso antirracista ha cuestionado el universalismo ilustrado que había caracterizado tradicionalmente a las izquierdas. En el marco de las denominadas “guerras culturales”, se ha tendido a otorgar legitimidad acrítica a cualquier expresión cultural o religiosa ajena a la tradición occidental y a los principios humanistas consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ello implica, por ejemplo, aceptar y legitimar religiones como el islam no solo desde una perspectiva teológica o filosófica, sino también en la traducción práctica de sus preceptos: la subordinación de la mujer —con las consiguientes restricciones en materia de libertades personales, civiles y sexuales—, la imposición de normas morales severas, la aceptación de formas de servidumbre o la incompatibilidad con el principio de igualdad. Estos elementos, lejos de remitir, se han reforzado durante el último medio siglo, incluso entre sectores significativos de las comunidades musulmanas asentadas en países occidentales. O de manera muy especial en estos países con el objeto de mantener vigilada y controlada a la comunidad impidiendo la mezcla social, cultural y personal, para así mantener las relaciones jerárquicas y de dependencia transportadas desde sus países de origen, o incluso con mayor rigor, teniendo en cuenta que los predicadores, demasiado a menudo financiados desde las petromonarquías del Golfo, exportan versiones maximalistas de la religión, como el wahabismo, que a la práctica implican cosmovisiones totalitarias: todo gira alrededor de una inexistente divinidad, pero la opresión y el sometimiento a las jerarquías sociales y religiosas, sí son reales.
En el debate suscitado tras el incidente Resina–Vilaweb se ha evocado otra polémica histórica de gran calado: la que enfrentó a Jean-Paul Sartre y Albert Camus, antiguos amigos. Tanto las formas como los contenidos presentan notables paralelismos. Se trató, en esencia, de un conflicto entre la defensa de grandes construcciones ideológicas —encarnadas por Sartre y una izquierda de orientación dogmática— y la reivindicación de la libertad y la independencia individual, que en el caso de Camus conducía a cuestionar esas mismas construcciones cuando su aplicación concreta arrollaba consideraciones éticas fundamentales. Cuando los grandes principios, en su materialización histórica, se sitúan por encima de toda ética y racionalidad, cabe preguntarse si siguen siendo realmente grandes o legítimos.
En este sentido, resulta ilustrativa la célebre declaración de Camus en Estocolmo, cuando un periodista argelino le interpeló sobre la justicia de la causa independentista, aun cuando esta implicara la colocación de bombas y la muerte de civiles inocentes. Su respuesta, convertida en un referente moral, priorizaba la dimensión humana sobre la política o la religión: “Siempre he condenado el terror. Debo condenar también un terrorismo que se ejerce ciegamente, en las calles de Argel, y que un día puede alcanzar a mi madre o a mi familia. Creo en la justicia, pero defenderé a mi madre antes que a la justicia”.
Resulta doloroso asistir a un conflicto moral entre dos personas a las que aprecio: Resina, desde una perspectiva intelectual, y Partal, desde una dimensión personal. Sin embargo, esta fractura trasciende ampliamente a dos figuras concretas o a dos formas de abordar un problema específico. La cuestión de fondo es clara: ¿es legítimo criticar al islamismo? La propia formulación de la pregunta resulta ofensiva. En una sociedad democrática, la libertad es incompatible con el blindaje de una confesión religiosa o de prácticas colectivas que niegan la primacía del humanismo y de la libertad individual. Es siempre reprobable la descalificación genérica o la discriminación sistémica contra un grupo humano. No obstante, criticar el uso del velo, la desigualdad jurídica entre hombres y mujeres, o la legitimación de la violencia extrema —como la decapitación de quienes exhiben caricaturas de Mahoma— no constituye un acto de racismo, sino una forma necesaria de resistencia frente a una ideología totalitaria, tal como se manifiesta en las teocracias del Golfo o en la República Islámica de Irán. El verdadero ejercicio de injusticia consiste en recurrir al comodín del racismo para desautorizar cualquier crítica al islam o al islamismo y excluir así del debate público a quienes desean participar en él.
En un contexto de creciente polarización social, donde la emoción desplaza a la razón y el anatema sustituye al argumento, asistimos a un escenario que quienes defendemos la emancipación y la justicia social nunca hubiéramos imaginado. Se trata de un choque cultural e intelectual en torno a las prioridades de nuestro modelo civilizatorio: una moral pública basada en la neutralidad, el consenso y el universalismo, fruto de tres siglos de tradición ilustrada; o, por el contrario, una perspectiva culturalista, multicultural y relativista que, en la práctica, socava los fundamentos del racionalismo y de la Ilustración. En el primer caso, las religiones deben relegarse al ámbito privado y evolucionar conforme al principio de la primacía de la libertad y la dignidad humanas. En el segundo, las creencias particulares, con su carga proselitista y su vocación totalizadora, irrumpen en la esfera pública y generan conflictos internos capaces de disolver cualquier proyecto de convivencia común.
El problema es que una minoría de la izquierda, recurriendo a estrategias de inspiración bolchevique, ha logrado hacerse con el control político, cultural y mediático de su espacio, neutralizando la disidencia interna mediante la descalificación sistemática y el ostracismo a quienes traspasan las fronteras de la ortodoxia. El resultado es la autocensura, la inhibición o el abandono del campo propio por parte de quienes albergan dudas razonables. Lejos de constituir un éxito, este faccionalismo ha contribuido a destruir la izquierda como alternativa viable y creíble. Incluso a un anarquismo que a menudo descuida sus fundamentos universalistas, liberales y humanitarios. Los ejemplos son numerosos: el Partido Demócrata bajo la hegemonía de los Clinton; el laborismo tras la conversión neoliberal de Tony Blair; o, más recientemente, la apropiación del movimiento 15‑M por parte de Podemos, que desplazó las reivindicaciones materiales hacia una constelación de causas periféricas, que a menudo implican graves contradicciones (defender el feminismo y el velo islámico, símbolo de sumisión). También en nuestro entorno más cercano, la izquierda ha eludido afrontar la oportunidad histórica de ejercer la soberanía popular a través del principio —universal— de autodeterminación, renunciando a combatir una opresión tangible: la de los estados contra las naciones que carecen de ella.
Esta estrategia, aparentemente victoriosa, constituye en realidad un fracaso sin paliativos. Tales tácticas han permitido a pequeños núcleos de activistas controlar ámbitos como el académico, dictando sus reglas internas. Sin embargo, ello ha generado un creciente aislamiento de las universidades y una hostilidad cada vez mayor desde la sociedad en su conjunto, alimentando un antiintelectualismo que radicaliza a las derechas y las impulsa a librar una guerra cultural con altas probabilidades de éxito, aunque a un coste social devastador. En la agenda de la nueva derecha radical o del llamado nacional‑populismo figuran políticas regresivas en el plano material y social: rebajas fiscales para las élites, desmantelamiento de los programas sociales y ataques a las pensiones y a los servicios públicos. En otras palabras, se responde a la reaccionarización de las izquierdas con una reaccionarización simétrica de las derechas. Entre ambos extremos, queda un espacio cada vez más desierto, habitado por quienes seguimos defendiendo una sociedad libre, basada en la igualdad de derechos y deberes, libre también de injerencias religiosas en la vida pública y privada.