A.V., desde Palencia
Empezaré por la empresa peticionaria, ISC Greenfield 10 SL, creada en 2019, de tamaño desconocido, con un número de empleados de 0 a 10, un capital social de 0 a 3.500 € y una facturación de 0 a 500.000 €, según datos proporcionados por Expansión. Es decir, las promotoras de los proyectos renovables son empresas pantallas, detrás de las cuales se sitúan los grandes emporios energéticos y los Fondos de inversión, de riesgo, Buitre.
En el caso que nos ocupa, ISC estaba participada en un 100% por Iberia Solar Brownfield 1SL, cuyo accionista mayoritario era el Fondo de capital riesgo Asterion Industrial Infra Fund I, constituido en 2018. El 18 de mayo de 2023 este Fondo pasa a llamarse LCG Renewable Energies Spain SL, siendo su socio único Repsol Renovables SA, una de las principales empresas de combustibles fósiles que, al olor de los inmensos Fondos Next Generation, ha mutado en verde. Pues bien, según informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, a fecha de 21 de diciembre de 2023 el promotor en la documentación presentada a este organismo y a la Dirección General de Política Energética y Minas: “no acredita su capacidad económica-financiera, ya que no se encuentran los elementos de juicio necesarios para poder verificar la capacidad económica del promotor, ni de su socio único, ni del grupo empresarial en el que presuntamente se encuentra integrado, puesto que no se han aportado sus cuentas anuales del último ejercicio cerrado, debidamente auditadas o depositadas en el Registro Mercantil, por lo que no se ha podido verificar la situación patrimonial actual de ninguna de estas entidades”. Sólo un dato, el presupuesto del proyecto asciende a 105.415.189,01€.
En segundo lugar, este proyecto es un despropósito por múltiples razones. Por la superficie que ocupa, casi 500 ha entre Valle I y II, que se tramitan conjuntamente, y por la longitud de la línea de alta tensión, 48’245 Km, que finalmente irá soterrada, cuando las dos plantas proyectadas se ubican a una distancia de aproximadamente 5 Kms. de las subestaciones Mudarra y Mudarrita, ambas de Red Eléctrica Española (REE). Y todo porque REE se negó a que la evacuación de la energía generada por las dos plantas fuera a parar a la subestación La Mudarrita, donde no queda más espacio físico y su ampliación no se estima factible con los terrenos adyacentes, señalando que el aumento de posiciones, tal y como pedía el promotor, puede conllevar la pérdida de calidad y fiabilidad en la operación del sistema y de seguridad del suministro. Así pues, la evacuación se hace hacia el nudo Las Arroyadas, rodeando todo el alfoz de la provincia de Valladolid: Mucientes, Fuensaldaña, Santovenia de Pisuerga, La Cistérniga, Laguna de Duero, Tudela de Duero, Boecillo, Aldeamayor de San Martín y La Pedraja de Portillo, debiendo franquear un gran número de infraestructuras energéticas y vías de comunicación, contribuyendo a fragmentar, aún más, el paisaje que rodea la ciudad de Valladolid.
Detengámonos aquí. Según el Estudio de Impacto Ambiental, la zona de implantación se encuentra totalmente ubicada dentro de la Cuenca Hidrográfica del Duero, con cruces de la línea de evacuación con el arroyo de San Miguel, el arroyo Valdehiguera, el Canal de Castilla (categorizado cómo Conjunto Histórico), el río Pisuerga, el Canal del Duero, el río Esgueva, el río Duero… Además, por todo el territorio donde pretende implantarse el proyecto, se extiende una amplia red de arroyos y riachuelos y la línea soterrada cruzará zonas de inundación frecuente relacionadas con el río Esgueva y con alta probabilidad el tramo que atraviesa el río Pisuerga.
Un aviso para navegantes: cada vez es más frecuente ubicar las macro renovables en zonas ricas en agua, otro bien que, como el viento y el sol, ha pasado de ser común, abundante y gratis a convertirse, en manos de grandes inversores y lobbies, en una mercancía privada, escasa y cada vez más cara. En torno a estas “renovables” van apareciendo plantas de hidrógeno verde y centros de datos, que consumen miles de litros de agua para, en el primer caso, realizar el proceso de electrólisis y, en el segundo, para mantener refrigeradas sus instalaciones.
Otro hachazo al sector primario.
Es inconcebible que la Confederación Hidrográfica del Duero, la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León y, en última instancia, el órgano competente para autorizar este proyecto, la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, den el visto bueno a Valle II por el hecho de modificar la línea de evacuación, que en su inicio era aérea. Este cambio no evitará la afección directa a la ZEC (Zona de Especial Conservación) “Ribera del río Duero y afluentes”, en los términos municipales de Laguna y Tudela de Duero, quedar muy próxima a la ZEC “Salgueros de Aldeamayor”, a su paso por Boecillo, a las microrreservas de Populus nigra, Alnus glutinosa, Pinus pinea, Tamarix gallica y Pinus pinaster, al Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 92AO “Bosques galería de Salix alba y Populus alba, a los HICs: 1310, 1410, 3170, 3140, 6420, 6430, 9540”… L@s mism@s que permitirán este ecocidio, destacan en el Estudio de Impacto Ambiental: “la sensibilidad de este espacio a cualquier alteración de la topografía y del régimen de caudales, así como a la destrucción de las comunidades vegetales asociadas por su eliminación directa, por la ubicación de las instalaciones o al tránsito de la maquinaria durante las fases de construcción y explotación»
Lo expuesto anteriormente es tan sólo una pequeña muestra de las atrocidades que,
si no impedimos, se ejecutarán en nuestro territorio.