Bruno Servet
El pasado día 21 de noviembre el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo Pujol, presentó en el Congreso de los Diputados su informe de los abusos sexuales de la Iglesia Católica en España, causados por los miembros de su clero, a lo largo de decenas de años, y que permanecieron silenciados hasta fechas muy recientes. Siendo el país que más tarde ha llegado al reconocimiento de dichos delitos, que afectan a más de 440.000 personas. Una prueba de ello es que no ha puesto su documentación al servicio de la investigación por parte de un organismo dependiente del Congreso, como es la oficina del Defensor del Pueblo, mandatado por la Cámara Baja del Estado español. La ICAR no asume en su totalidad las consecuencias de los abusos sexuales de sus miembros, ya que no está dispuesta a asumir los miles de indemnizaciones económicas que corresponde a lo descubierto por el citado informe. La ICAR quiere que sea el Estado el que asuma su coste, ya que afirma que abusos sexuales se han cometido fuera del ámbito religioso y no se les ha pedido indemnización alguna. No tiene en cuenta, los fariseos de la verdad, que ellos son una entidad, con ánimo de lucro, que pregona el amor al prójimo y dan lecciones de moralidad, desde los altares de cada iglesia, los domingos y fiestas de guardar.
El Informe del Defensor del Pueblo, es demoledor para la ICAR, ya que el número de personas afectadas es de una inmensa cantidad. No son mil o diez las causas abiertas contra ella, sino que la cifra antes mencionada indica la magnitud de la tragedia que ha causado el clero español a lo largo de varias décadas de años cometiendo abusos, silenciados por obispos y cardenales. Si todas las personas que han sufrido abusos sexuales del clero se atrevieran a presentar denuncia, la cifra sería astronómica.
Veamos a continuación las 4 claves más importantes que se recogen en el citado informe. A) El pago de indemnizaciones: el pago de una reparación económica es la medida más urgente, ya que muchas víctimas tienen una edad avanzada y pueden morir sin recibirla. Gabilondo propone la creación de un “fondo estatal” para el pago” en aquellos casos en los que por la prescripción del delito u otras causas “sea imposible denunciar el caso penalmente. Esto lo haría un órgano independiente “de carácter temporal” y formado para la ocasión, el cual instauraría el procedimiento a seguir por los afectados. El Defensor del Pueblo exige la colaboración de la Iglesia católica para que “asuma el compromiso de hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones”. El informe también propone impulsar un procedimiento que garantice que todas las víctimas sean “escuchadas y reparadas”. Que sea el Estado el que pague la indemnización y establecer unos baremos. La media en otros países es de 35. 000 euros por afectado. Según la base de datos, a día de hoy, del periódico El País es de 1534 acusados y 2.817 víctimas. B) Acto público de reconocimiento: es otra forma de reparación, de tipo simbólico. Con representantes de las asociaciones de víctimas, para que las instituciones reconozcan la gravedad de los hechos y capten que la pederastia ha sido un gran problema en España. Algunos partidos políticos y la Iglesia están a favor del acto, VOX se ha negado a todo tipo de denuncia. C) La apertura de los archivos: acceso a los archivos eclesiásticos. Gabilondo no pudo entrar en los registros documentales de las diócesis y órdenes religiosas. En esos archivos hay información sobre abusos, sentencias, fichas de traslados de pederastas, cartas internas de encubrimiento… en otros países se ha comprobado dichos delitos, en diversas investigaciones de sus propios archivos, como en Estados Unidos y Alemania. La ICAR se niega a abrir sus puertas, diciendo que “no hay nada”. El Estado no le puede obligar, pues estos archivos están protegidos por los Acuerdos con el Vaticano. El PSOE en la oposición ha reclamado la revisión del Concordato. D) La reforma de la prescripción del delito: la no prescripción del delito de la pederastia es otra de las recomendaciones. El propio Pedro Sánchez en su discurso de investidura afirmó: “Vamos a reforzar el marco jurídico para que los delitos de agresión sexual y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y la responsabilidad civil no prescriba”. Este hecho no se recoge en el Informe del Defensor del Pueblo, tal como reclaman las víctimas. Esta consideración fue tomada por el Congreso de los Diputados hace muy tiempo por amplia mayoría.
El Informe que el Parlamento encomendó a Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, se ha demorado año y medio en llegar al Congreso. Dicho informe consta de 777 páginas, con testimonios de 487 víctimas, con dos grupos de trabajo formados por especialistas en el tema. Las conclusiones son muy críticas con los obispos españoles. Varias órdenes religiosas no han respondido a los requerimientos de la comisión del Defensor. El informe corrobora que la Iglesia Católica encubrió cientos de casos, a la vez que protegía a los pederastas. Este informe ha llegado a la Cámara Baja cuando los obispos intentan cerrar el escándalo, aprobando un modelo de reparación propio. Más de un centenar de víctimas denuncian que los obispos y órdenes religiosas no están reparando el daño causado.
La investigación fue encargada por el Parlamento en marzo de 2022. Todo se aprobó por amplia mayoría, sólo VOX, la extrema derecha y seguidora del ideario franquista que tanto daño causó durante décadas en España (más de 90.000 asesinatos terminada la Guerra Civil), votó en contra de la creación de dicha investigación sobre los abusos de pederastia de la Iglesia Católica. El Defensor del Pueblo ha lanzado la pelota al tejado del Parlamento: “Es del Legislativo y del Ejecutivo. Las víctimas esperan que se implementen, lo antes posible y de la mejor manera, las muchas recomendaciones y sugerencias formuladas”. La ICAR no es del mismo parecer y renegó del Informe del Defensor del Pueblo, se aferra a su mutismo y a no asumir su grave responsabilidad. Prueba de ello es que ocultó los resultados de la auditoría que ellos habían encargado a un bufete. Para la ICAR el momento para abordar la cuestión de las indemnizaciones corresponde “unilateralmente” a ellos. En su Plenaria anual, con prelados de 72 diócesis españolas, apuestan por poner en marcha el PRIVA (Plan de Reparación Integral para Víctimas de Abusos), el cual no obligará a pagar a los obispos las muchas indemnizaciones cuyos casos hayan prescrito. En cuanto a los demás casos, según el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), arzobispo Luis Argüello, y el Presidente de la Confederación Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego, si no quieren o no pueden pagar los obispos lo pagará la Iglesia en general.
La jerarquía eclesial sigue desoyendo a algunas víctimas. No les entrega indemnizaciones económicas. Así pues, la gestión de los abusos depende de la sensibilidad de cada obispo. Sólo dos obispos han realizado un homenaje público para pedir perdón a los afectados, el último celebrado en la catedral de la Almudena, organizado por el cardenal José Cobo. A dicho acto no acudió una representación de la cúpula de la CEE. La Iglesia Católica tiene temor al monto de la factura a pagar. La media pagada hasta la fecha es de 10.000 euros, pero según el papa Francisco esa cifra tendría que subir a 50.000 euros por persona afectada, ya que la cifra pagada es demasiado baja. No es de extrañar que, tanto en esto como en otros muchos casos, el papa argentino tenga enconados enemigos dentro de la iglesia católica, que es la más recalcitrante de todas las del mundo. En EE.UU. algunas diócesis han pagado hasta 60.000 euros por víctima de abusos sexuales de sus miembros pederastas. En algunos países baja hasta los 6.000 euros, pero la media en Europa es de 35.000 euros por afectado, téngase en cuenta que los daños morales, con repercusiones en sus vidas no tienen precio. Por su parte el Gobierno indemnizará a los afectados “con o sin la colaboración de la Iglesia Católica.
Tanto la CEE como la CONFER se oponen a contribuir al fondo estatal y a que una entidad independiente (hecho que sí ocurrió en Francia) decida tanto los baremos como cuáles serán los casos en los que se regará a las víctimas. Cuánto pagará la Iglesia no lo dice, y cuánto han pagado hasta ahora tampoco. Desde 1991 hasta el noviembre de 2022 la ICAR ha pagado 2.100.000 euros a 230 víctimas de 35 pederastas. Hasta los 1534 clérigos acusados de abusos, cuánto es el monto por pagar. Si seguimos la recomendación del papa Francisco, la factura ascendería a 76.700 millones de euros, de aquí el temor de la CEE. Téngase en cuenta que varias diócesis de Estados Unidos de América han terminado en la banca rota al hacer frente a las cuantiosas indemnizaciones a los miles de víctimas de abusos de pederastas dentro del la Iglesia Católica. Aquí, en la Iglesia Católica, como en el PP y VOX no dimite nadie, ningún obispo ha dimitido ni dimitirá por sus silencios y encubrimientos de decenas de casos de pederastia. Que diferencia con la Iglesia Anglicana, que su máximo representante, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, figura máxima de la institución, en mando sólo por debajo del rey Carlos III, se vio obligado a presentar su dimisión, después de las múltiples acusaciones en su contra de muchos prelados por ocultar un escándalo de abusos sexuales a menores de dimensiones históricas. Welby ha sido una de las voces más críticas contra el intento de deportación a Ruanda de inmigrantes irregulares. Su presencia fue clave en el funeral de Isabel II o durante la coronación de Carlos III. Los sectores más recalcitrantes le tenían ganas y se lo han cargado. Aquí, en España, los sectores más cavernícolas ostentan el poder absoluto y nadie se atreve a denunciar a nadie, sólo algunos se atreven a disentir, pero sólo para criticar al papa Francisco por sus propuestas “algo” innovadoras. No me extraña, ya que España es la “reserva espiritual de Occidente” para los rancios del nacionalcatolicismo (sean clérigos o seglares) que nos maltrató durante tantas décadas.