El pasado 18 de septiembre del presente año, el INE volvió a corregir el PIB de 2020, 2021, 2022 y 2023. Y lo hizo como las dos veces anteriores, al alza. Afirma en una nota de prensa que el PIB (Producto Nacional Bruto), es decir, el principal indicador de la economía española estaba mal calculada. Sin dar las explicaciones correspondientes de tal equivocación. Hecho muy diferente a lo que se hace en otros países que aportan un extenso informe de por qué de los cambios realizados, aquí la opacidad del INE es de suma gravedad. En esta tercera alza, el INE ha sumado al PIB de España otros 77.000 millones de euros, así la desviación desde 2019 sobre su primera cifra ya supera los 130.000 millones de euros. Es el mayor “error” estadístico de toda la historia del INE y es un error de un alto coste. ¿Es un error, un fraude o un delito de cohecho? Más adelante entraremos a dar respuesta a esta pregunta clave.
En primer lugar, vamos a ver cuál es la política de revisión del INE. Estas se dividen en dos grupos: a) La revisiones ordinarias o rutinarias y b) Las grandes revisiones. En las primeras los usuarios valoran, especialmente, la prontitud de datos; en esta revisión rutinaria las afirmaciones iniciales se publican bajo la expectativa de que se podrán revisar y actualizar cuando estén disponibles nuevos datos. Esto es característico de las estadísticas coyunturales, como las de carácter mensual o trimestral. En las grandes revisiones se hace hincapié en los cambios de las fuentes de datos, en los conceptos, definiciones o la mejora de los procedimientos metodológicos. Junto a estos dos grandes grupos existen, además, otras revisiones de datos, no planificadas, que se deben a la necesidad de corregir errores en las estadísticas previamente difundidas. En efecto, a pesar de los diversos procedimientos de control de calidad y de las medidas que se adopten, es inevitable que se produzcan errores en la información publicada, ello da lugar a unas revisiones que no son planificadas, de carácter totalmente extraordinario.
El documento general de la Política de Revisión del INE aprobado en la reunión del Consejo de Dirección, celebrada el 13 de marzo de 2015, establece criterios y normas para las estadísticas del INE a la hora de introducir revisiones en los datos publicados por cualquiera de los motivos ya señalados. Con la aprobación de esta política, el INE responde a los requisitos de transparencia e información a los usuarios de la UE, recomendados en el Código de Buenas Prácticas de las Estadística Europeas. Conviene señalar que, en el INE, existen políticas específicas de revisión para diferentes operaciones estadísticas, en algunos casos definidas en los correspondientes reglamentos europeos. Con todo, la opacidad del INE en España es de antología. Qué diferencia del modelo inglés, mientras que en España el INE ha despachado el asunto de la revisión al alza del PIB, en Reino Unido su homólogo ha presentado un extenso informe dando explicaciones del porqué de los cambios introducidos en su PIB. Y lo más grave, la cúpula directiva del Instituto Nacional de Estadística español sigue a día de hoy sin ser destituida. El principal indicador de la economía española, el dato del PIB, es erróneo y nadie toma medidas urgentes, ya que el INE lleva al menos tres años haciendo los cálculos mal. En el mejor de los casos hablamos de una enorme negligencia, la más grave de la historia de la estadística española, la que más cara nos saldrá. A qué espera el Gobierno de coalición a tomar medidas drásticas para subsanar tamaño desastre.
El PIB es una forma de medir el total de bienes y servicios que cada año produce un país. Da el tamaño de cada economía y sobre esta cifra, la más importante, se calculan casi todos los demás indicadores. El crecimiento o recesión de una economía está relacionado en función de si sube o baja el PIB. Sobre él se calcula el déficit público (que es un porcentaje sobre el PIB). O la deuda pública. O la productividad. O la presión fiscal. Todas las métricas que miran las grandes empresas y fondos internacionales para comparar distintos países, antes de decidir en cual invierten, dependen del PIB. Cuanto más crece el PIB, más probable es que llegue dinero a ese país. El INE ha estado dando como oficial un dato del PIB que era bastante inferior al real. En los últimos años el INE ha empezado a reconocer sus errores. Sólo en 2021, se produjo una desviación de 32.480 millones de euros, que en su momento el INE no midió. Dicho error garrafal no solo afecto a la imagen exterior del país, sino que también al margen presupuestario del Gobierno y de las Autonomías, es decir, a los recursos públicos. Un PIB mayor supone un déficit y una deuda pública menor, y por tanto más dinero para los presupuestos. Ese dato erróneo ha limitado la capacidad de las administraciones para invertir. Fue una chapuza que tuvo un importante impacto político, y con toda seguridad también de carácter electoral.
La oposición reprochó al Gobierno de coalición que la economía no iba tan bien como el Gobierno afirmaba, cuando en realidad ese PIB del INE era falso. Las nuevas cifras oficiales demuestran que España se comportó durante la pandemia igual que el resto de los países europeos. Las nuevas cifras corroboran que después lo hizo mejor que otros países: Alemania, Francia, Italia, etc. El nuevo dato del PIB demuestra que España ha crecido en estos años, con un Gobierno de “izquierdas”, más que el resto de los países europeos. Visto lo ocurrido durante estos tres últimos años se puede afirmar que el enunciado de la editorial es perfectamente adecuado a lo ocurrido: ha habido error, ha habido fraude y ha habido delito de cohecho. Error porque no han acertado en sus datos, fraude por que lo han hecho a sabiendas, y cohecho porque son funcionarios que han ocultado la verdad para beneficiar a una opción política, la derecha y la extrema derecha (PP y VOX), si no por qué se han hecho las revisiones al alza, una vez se ha cerrado el ciclo electoral y que ha servido a los citados partidos para desprestigiar la labor económica del actual Gobierno. El delito de cohecho no tiene por qué llevar consigo un beneficio económico, se trata de actuar contra la administración pública de manera individual o colectiva, como en este caso es la dirección del INE, favoreciendo sus intereses políticos.
Parte de culpa de lo ocurrido la tuvo Nadia Calviño, que en su día no se atrevió a cambiar la presidencia del INE, por temor a las críticas de la oposición. La presidenta, María Antonia Martínez Luengo, fue puesta en 2015 por el que era presidente del INE, Gregorio Izquierdo, ya que era su mano derecha, que a su vez fue puesto en la presidencia por el Gobierno de Mariano Rajoy. El PIB empezó a torcerse a finales de 2018, casualmente, tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno de España. Muchos grandes estadísticos se marcharon del INE, tras los teje manejes del nuevo presidente, y se refugiaron en el AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) o la Agencia Tributaria, ya que en estos estamentos estaban mejor remunerados. El citado Gregorio Izquierdo nombró a Martínez Luengo, que no era la persona con más experiencia y conocimiento de aquel departamento de Cuentas Públicas. La nueva jefa, en estos años, ha formado un equipo a su medida, completamente leal. En la actualidad Gregorio Izquierdo es vicepresidente de la CEOE.
A finales de 2021 la pandemia todavía causaba estragos en España, pero los indicadores económicos ya mostraban signos de recuperación; mientras el PP martilleaba en cada sesión de control del Gobierno de coalición con preguntas sobre la supuesta incorreción de las previsiones del Ejecutivo y con innumerables vaticinios que terminaban en la recesión económica. Tres años después, las sucesivas correcciones del INE sobre sus propios datos mostraron que, efectivamente, hubo un cierto error en sus estimaciones del crecimiento, pero no a la baja como se esforzaba, una y otra vez, en demostrar el principal partido de la oposición, sino todo lo contrario. Por aquel entonces, Cuca Gamarra era la portavoz del PP en el Congreso, cuando el partido todavía lo dirigía el defenestrado presidente del PP Pablo Casado. Dicha diputada aprovechaba cada pregunta a la ministra de Economía, Nadia Calviño, para hacer intervenciones como éstas: “Los Presupuestos Generales del Estado se basan en unas previsiones que ya nadie respalda, ni el INE, ni el FMI o el BBVA. Usted se ha quedado absolutamente sola, pero es que, además, el gobernador del Banco de España ha arrojado un jarro de agua fría sobre su optimismo cuando ha dicho que la crisis económica está lejos de haber terminado”, “Mañana la Comisión Europea presentará sus previsiones de otoño y está claro que van a confirmar que todos sus cálculos son una fábula. ¿Verdad, señora Calviño? Usted sabe a estas alturas que es así, y conoce perfectamente que es verdad lo que digo. Sus cálculos nada tienen que ver con la realidad que sufren los españoles>”. “¿Estos son sus brotes? ¿Este es el salimos más fuertes? Nos ha situado usted a la cola de la recuperación”. “Ya está a la altura de Pedro Solbes”. “Somos el país del mundo desarrollado que más PIB y empleo ha perdido y que más va a tardar en recurarlo”. ¿Ordenó falsear las previsiones del INE? Los ataques siguieron tras la marcha de Pablo Casado. La llegada de Alberto Núñez Feijó no moderó el tono de las intervenciones de los diputados y diputadas del PP. Un ejemplo fue el diputado del PP Eloy Suárez Lamata, que recordó a la ministra Calviño: “Es Usted la misma vicepresidenta que hizo previsiones en 2021 de crecimiento del 9,8% del PIB y sólo crecimos la mitad. La culpa la tenía el INE por no hacer bien su trabajo, verdad”. En la revisión el INE sostiene que la economía creció por encima del 10,4%. El 18 de septiembre ha salido la cuarta revisión al alza de la Contabilidad Nacional desde 2020, ha confirmado el mayor error de la historia de dicha Institución. Las revisiones al alza desmienten el pesimismo propago por el PP, de manera interesada y como arma política, sobre la economía española en los últimos cuatro años. Y todo con el apoyo de algunos funcionarios, sobre todo de la dirección del INE, para favorecer los intereses electorales del PP y de VOX. Para Orto, eso tiene un nombre: delito de cohecho de carácter político, aunque no haya en ello enriquecimiento de tipo económico. Está claro que sí se han producido grandes errores, intencionados o no, ha habido fraude y también delito. ¿A qué espera el Gobierno de coalición a cambiar de raíz semejantes tropelías del INE? Lo sucedido con el INE no es una cuestión de segundo orden, ya que del PIB dependen cuestiones muy fundamentales, que afectan a la sanidad, la educación, los servicios sociales, las pensiones, valoración exterior para invertir… ¡Hasta cuándo durará esta situación que tanto nos va a costar a las y los contribuyentes!