Miguel Correas Aneas
Con este esclarecedor título, la oenegé a favor de los derechos humanos, Amnistía Internacional (A.I.), a la que pertenezco desde hace varios años, me ha hecho llegar a través de correo electrónico el Informe Global correspondiente al año 2024. Pienso que visto lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, desde la masacre de Hamás, el pasado año, el tema de las condenas a muerte y ejecuciones por parte de los gobiernos de muchos países, el Informe desarrollado por AI, es de una punzante actualidad, y no me resisto a darle carpetazo a la cruda realidad, que miles de personas sufren, por las acciones asesinas de sus respectivos gobiernos. Teniendo en cuenta lo sucedido, cuando escribo estas líneas a mitad de junio, y que el genocidio del gobierno israelí contra el pueblo palestino continúa (¡ya van más de 54.000 asesinatos!), y que no tiene visos de terminar, el Informe de AI tiene un valor muy relevante en las circunstancias actuales.
Antes de continuar con lo relacionado con las penas de muerte y las ejecuciones, es mi deseo apuntar, de manera muy breve, lo que es ésta ONG, Amnistía Internacional es un movimiento integrado por 10 millones de personas, que activa el sentido de humanidad dentro de cada una de ellas y que hace campaña en favor de cambios que permitan que todo el mundo disfrute de sus derechos humanos. Su visión es la de un mundo donde quienes están en el poder cumplan sus promesas, respeten el derecho internacional y rindan cuentas de sus actos. Es independiente de todo tipo de gobierno, de la ideología política de la persona, interés económico y credo religioso; su trabajo social se financia, principalmente, de las contribuciones de sus miembros y con la aportación de donativos. Actúa movida por la solidaridad y la total compasión hacia sus semejantes en todo el mundo y con ello mejorar las condiciones de vida de las diversas sociedades que componen la Humanidad.
Hay unos hechos y unos datos que no admiten ninguna discusión o elucubración de carácter político o social. Me refiero a lo ocurrido el pasado 17 de diciembre de 2024. Tenía lugar en la Asamblea General de la ONU, y se tenía que votar la décima resolución sobre una moratoria en el uso de la pena de muerte. La resolución fue adoptada por una abrumadora mayoría de los Estados miembros de la Naciones Unidas. No voy a mencionar los copatrocinadores de la resolución 79/179 y que fue aprobada el pasado año, ni los que estuvieron a favor o los que se abstuvieron, pues la lista es demasiada larga para un espacio como éste. Pese a ello, no me resisto a mencionar el nombre de aquellos países cuyos gobiernos votaron en contra, ya que tienen que ser denunciados por su vil comportamiento, inhumano y contrario a los derechos más elementales de las personas, sin que valgan argumentos de disculpa y que sólo benefician a los intereses de sus propias políticas contrarias a la dignidad de la Humanidad. Cuando la “justicia” se convierte en asesinatos, no hay argumento válido. Las penas de muerte y sus miles de ejecuciones son asesinatos llevados a cabo por el Estado, que se alejan de los más elementales derechos de los seres humanos, la muerte de personas ya sea de manera individual, colectiva o de los poderes públicos, no están nunca justificados. Lo de la “defensa propia” tiene sus múltiples matices, que no es el momento de desarrollar aquí y ahora.
Como he anunciado anteriormente, he aquí el nombre de aquellos países, por orden alfabético, cuyos gobiernos votaron en contra: Arabia Saudí, Bahamas, Bahréin, Belice, Botsuana, Darussalam, China, Correa del Norte, Dominica, Egipto, Estados Unidos de América, Etiopía, India, Irak, Irán, Jamaica, Japón, Kuwait, Libia, Maldivas, Mauritania, Omán, Pakistán, Papúa, Nueva Guinea, Qatar, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Sudán, Tonga, Trinidad y Tobago y Yemen (total 32).
Cuando la “justicia” es asesinar, las penas de muerte marcan un récord desde 2015, con un alza en condenas por drogas. Dichos países afirman que son condenas legales, pero lo que no dicen es que la inmensa mayoría de las confesiones obtenidas son mediante métodos totalmente, ilegales, ya que son mediante procedimientos de tortura física y mental. El Informe de Amnistía Internacional registra 1.518 ejecuciones en el pasado año. Siendo Arabia Saudí, Irak e Irán los responsables del 91% de dichas ejecuciones, nada menos que 1.380 ejecuciones. En el primero de los tres la cifra pasó de 172 a 345, una auténtica barbaridad. Pero eso son sólo datos oficiales, ya que se tiene conocimiento que las ejecuciones llevadas a cabo de manera extraoficial son muchísimas más. Por otro lado, no hay que olvidar que la República Popular de China es un verdadero agujero negro de secretismo en este tema, y que en ese país de “comunismo de estado” son ajusticiadas miles de presos anualmente, sobre todo si son disidentes del régimen dictatorial imperante. Su gobierno se niega, rotundamente, a dar datos de sus ejecuciones, ya que su conocimiento pondría los pelos de punta a la ciudadanía mundial. Visto lo apuntado hasta aquí, y lo que seguirá, estoy radicalmente de acuerdo con el escritor mexicano, Carlos Monsiváis, cuando afirma de manera categórica que “la pena de muerte es una auténtica barbarie, disfrazada de justicia”.
Los métodos empleados son, en la mayoría de los casos, la decapitación, el ahorcamiento, las armas de fuego y la inyección letal. Así pues, la pena de muerte es una acción cruel, inhumana y degradante. Según la activista francesa, doctora Agnés Callamard, secretaria general de AI: “La pena de muerte es un crimen abominable que no tiene cabida en el mundo actual. Aunque el secretismo sigue rodeando el escrutinio en algunos países, que consideramos responsables de miles de ejecuciones, es evidente que los Estados que mantienen la pena de muerte son una minoría aislada”. En el año 2024 se dictaron 2.087 nuevas penas de muerte, un 14% menos que en 2023. Pero dirigentes de la baja catadura moral, como el presidente de los EE.UU, continúan afirmando, como lo hizo él en su toma de posesión de su nuevo mandato, el 20 de enero, que la pena capital es un instrumento válido para defender a la población de “violadores, asesinos y monstruos”. Usando también el pretexto de “por motivos de seguridad”. Cuando la realidad es que se utiliza para “silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes, manifestantes, opositores políticos y minorías étnicas”.
En Irán, por ejemplo, sirve para perseguir al movimiento de la Mujer: Vida y Libertad. Surgido tras la muerte de Mahsa Amini, en 2022, a manos de la policía de la moral de los ayatolás. Según Callamard, “Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, en especial en Irán y Arabia Saudí”. El 42% de las ejecuciones en 2024 se realizaron de forma ilícita por delitos relacionados con las drogas. Siendo muy abundantes en Arabia Saudí, China, Irán y Singapur. Las cuales afectan de manera muy especial, y de manera desproporcionada, a personas de entornos desfavorecidos. Sin embargo, esas prácticas no afectan a la disminución del consumo de estupefacientes. La secretaria general de Amnistía Internacional (Doctora Agnés Callamard) se muestra algo optimista, ya que afirma que: “Las cosas están cambiando. Solo es cuestión de tiempo que el mundo esté libre de las tinieblas de los patíbulos”. Eso contrasta con la realidad, ya que las ejecuciones globales alcanzaron su cifra más alta el pasado año, con relación al año 20215. Y me pregunto: ¿cuántas decenas de años harán falta para que se cumpla los vaticinios de la experta en derechos humanos, la doctora Callamard?
La realidad es cruel y tozuda, ya que se siguen produciendo ejecuciones públicas, asesinatos de menores de edad (procesados con leyes de mayores), a personas con discapacidad, falta de juicios justos, o con la implicación de organizaciones religiosas, que con sólo la acusación de blasfemia o de apostasía, es suficiente para ser castigados con la pena de muerte; también se procesan por relaciones sexuales (infidelidad de la mujer, no del hombre o por homosexualidad), por leyes de seguridad, traición a la patria o terrorismo. Aún queda mucho camino por recorrer, pero el desánimo no tiene que formar parte de nuestra lucha diaria en favor de los derechos humanos. Se sea uno o no sea miembro de AI, nuestra implicación personal está por encima de cualquier valoración de índole ideológica, política o social. La vida de todo ser humano sólo le pertenece a él, y no hay ninguna razón que justifique el uso de la fuerza para acabar con la vida de otro ser humano.
No voy a terminar este escrito con unas palabras mías, en esta ocasión van a ser las palabras de la propia AI en un comunicado lanzado a la ciudadanía mundial, y que hace referencia a la fiscalía general rusa, respecto a Amnistía Internacional, y su denuncia de la actitud de Rusia respecto a la pena de muerte y las ejecuciones en su territorio, en la gran Rusia de Putin y sus secuaces asesinos. El comunicado lleva el significativo epígrafe de ¡Somos unos indeseables!
He aquí su contenido: “Sí, como lo oyes, la fiscalía general rusa nos ha calificado como una organización indeseable y ha prohibido nuestras actividades en el país, básicamente por nuestro trabajo sobre la libertad de expresión en Rusia y por la denuncia de los crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania. Lo cual no deja de tener todo el sentido si cometes violaciones de los derechos humanos y no quieres que éstas salgan a la luz pública ni pagar por las consecuencias de las mismas. En un país donde docenas de activistas y disidentes han sido encarcelados, asesinados y exiliados, donde los medios de comunicación independientes han sido difamados y bloqueados u obligados a autocensurarse, y donde las organizaciones de la sociedad civil han sido ilegalizadas o liquidadas, algo debemos estar haciendo bien, si el Kremlin nos prohíbe trabajar. El fiscal general ruso afirmó que la sede en Londres de AI es un centro de preparación de planes rusófobos a escala mundial, siendo financiados por los cómplices del régimen de Kiev. Lo que no saben es que nadie nos financia, que dependemos de las cuotas de las miles de personas que formamos AI, siendo ellas nuestra fuerza y nuestro motor y, por eso, nadie nos va a callar. Ningún asalto autoritario silenciará nuestra lucha por la justicia. Amnistía Internacional nunca se rendirá y nunca dará marcha atrás. Denunciamos y exigimos la liberación de todas las personas detenidas por expresar su opinión en contra de la guerra que mantiene contra Ucrania. Son tiempos muy difíciles para los derechos humanos, ya que parte del mundo está girando hacia un autoritarismo que pone en riesgo y supone una seria amenaza para los derechos humanos, y por eso somos indeseables para ellos, porque le vigilamos, porque les denunciamos, porque vamos a exigir que paguen por sus tropelías. Lo que no saben es que vamos a seguir haciéndolo, pues contamos con el apoyo y con la fuerza de los miles de personas que forman Amnistía Internacional”. Ahí queda eso.