La situación política actual arranca, por no irnos muy atrás, de la Moción de Censura, presentada el 25 de mayo de 2018 por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), contra el que era entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey. Fue la cuarta moción de censura desde la transición española, y la segunda presentada contra Rajoy, ya que un año antes Unidos Podemos había presentado la suya, pero no consiguieron un resultado favorable. Las dos sesiones plenarias del Congreso de los Diputados, del 31 de mayo y 1 de junio de 2018, si fue favorable a la moción del PSOE y ello provocó la dimisión de Mariano Rajoy. El 1 de junio de 2018 se votó la moción de censura y en el que el resultado fue de 180 votos a favor y 169 en contra. Así pues, el líder socialista, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, se convirtió en el séptimo presidente de Gobierno de España. El día 2 de junio prometió su cargo ante el rey, y se convirtió en el primer presidente español, desde 1977, que no era diputado.

El cambio de la situación política tuvo su arranque el 24 de mayo de 2018, cuando la Audiencia Nacional determinó, como resultado de las muchas investigaciones del llamado “Caso Gürtel”, la existencia, desde la fundación del partido en 1989 (de Alianza Popular pasó a denominarse Partido Popular, con una gaviota como logotipo) de una estructura nacional de contabilidad y financiamiento ilegal en sus finanzas, que se desarrollaba en paralelo a lo que el propio partido informaba oficialmente. La Audiencia Nacional, en la sentencia, argumentaba que el PP ayudó a establecer “un sistema genuino y efectivo de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”. También consideró que Rajoy no había sido “veraz” en su testimonio como testigo durante el juicio.

En junio de 2018 Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, no contó con los apoyos suficientes para gobernar en mayoría y tuvo que convocar dos elecciones generales: una en abril de 2019 y otra en noviembre de 2019. En estas últimas el PSOE fue el partido más votado, con 120 diputados, seguido del PP con 89 escaños, en tercera posición quedó VOX con 52 escaños, en cuarto lugar, quedó Unidas Podemos con 35 votos y ERC ocupó el quinto con sus 13 escaños, Ciudadanos se queda como un partido residual con sólo 10 escaños. En enero de 2020, Pedro Sánchez inicia su segundo mandato tras pactar con formaciones de izquierda en el Congreso, especialmente con Unidas Podemos. Su segundo gobierno estuvo dominado por la pandemia de COVID-19 y por la crisis energética de la guerra de Ucrania. El desgaste del Gobierno se hace patente en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023. El PSOE pierde gran parte de las comunidades autónomas (pasó de 9 a 3 comunidades) y muchas de las alcaldías más importantes de España. A consecuencia de los malos resultados electorales de ámbito autonómico y local, al día siguiente, 29 de mayo, el presidente anuncia la disolución de las Cortes y la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas para el 23 de julio de 2023. La campaña empezó el viernes 07 y finalizó el 21, siendo el 22 de mayo la “jornada de reflexión”, una antigualla que no sirve para nada.

 Y es a partir de 23 de julio de 2023, Elecciones Generales, cuando la política española va a dar un giro de 180 grados, ya que el resultado de las mismas favorece al Partido Popular, no con un programa de nuevos avances sociales, sino con un panorama de claros retrocesos en todos los aspectos tanto políticos como sociales. Su lema es de una simplicidad exasperante: ¡contra el sanchismo!, o lo que es lo mismo, contra las mejoras sociales del Gobierno de Coalición, el cual subsiste cosido con unos finísimos alfileres, por el empeño furibundo del PSOE de acabar con Podemos, y potenciar a la que después será la lideresa de Sumar, Yolanda Díaz Pérez, como se pudo comprobar fehacientemente en la Moción de Censura contra Pedro Sánchez, por iniciativa del partido neofascista VOX y la colaboración esperpéntica de Ramón Tamames. El protagonismo cedido a Yolanda Díaz por el PSOE fue premonitorio, ya que la intención de los socialistas era auparla frente a los que podrían disputar su liderazgoo, creando un nuevo partido sumiso a los intereses de la sede de Ferraz, así  Pedro Sánchez podría dormir sin ningún sobresalto nocturno, causado por los dirigentes de Podemos (Pablo Iglesias Turrión, Irene María Montero Gil, Ione Belarra Urteaga, etc).

El Partido Popular,  y la extrema derecha, representada por VOX, se las prometía muy felices, ya que las encuestas les daba mayoría absoluta, pero un sorprendente hecho en la última semana, previa a las elecciones, cambió el rumbo de la campaña electoral, la irrupción en los medios de comunicación de manera contundente del que había sido presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto con el miedo a que VOX pudiera entrar en el Gobierno central hizo que la debacle socialista no fuera histórica. El resultado de los escaños del 23-J fue el siguiente: PP (137), PSOE (121), VOX (33), Sumar (31), ERC (7), Junts (7), EH Bildu (6), PNV (5), BNG (1), CCa (1) y UPN (1). Con este resultado el PP, mediante su candidato Alberto Núñez Feijóo, se postula para ser presidente del Gobierno, pero la coalición del PP+VOX+UPN y CCa no dan la mayoría absoluta (172), así que busca votos en los otros partidos, pero ninguno está dispuesto a dar su apoyo mientras VOX forme parte de esa coalición. El Rey postula a Pedro Sánchez, que sí consigue el apoyo de mayoría absoluta, en su cuarta investidura. Mayoría absoluta que sólo había conseguido Mariano Rajoy en 2011. Del peaje pagado por los socialistas para conseguir los votos necesarios, hablaremos a continuación. El primer pago que realizar consistía en conceder el indulto a los que estaban en la cárcel cumpliendo condena de entre seis y trece años: Oriol Junquera, Jordi Turull, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Carme Forcarell, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Josep Rull. El segundo pago tendría un coste más doloroso para el PSOE, la concesión de una ley de amnistía, a la que se oponían, en un principio, los socialistas, pero que ante las circunstancias de necesidad de los votos de ERC y Junts, no han tenido más remedio que aceptar, junto a ello hay que añadir la condonación de 15.000 millones de deuda de Catalunya al estado español y otros beneficios de diversa índole. La Ley de Amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados, el pasado 12 de diciembre, con 178 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, HB Bildu, PNV, BNG) y 172 en contra (PP, VOX, UPN y CCa), tiene aún que pasar por el Senado y volver al Congreso, pero eso es un puro trámite burocrático/político. Como era de esperar, el anuncio de la posibilidad de una ley de amnistía, antes de las elecciones del 23-J, fue el caballo de batalla de la Oposición contra el Gobierno de Coalición. Se argumentaba que era inconstitucional y que como siempre rompía España, además de que el Gobierno se ponía en manos de independentistas, filo etarras, bolivarianos, y que el que manejaba los hilos en la sombra era ETA.

Las asociaciones de jueces y magistrados afines a la derecha y la ultraderecha, junto con el CGPJ, salieron en tropel contra la intención de amnistiar a los “golpistas” del `Procés` y a los que ellos consideran “terroristas” de los CDR (Comités de Defensa de la República) y Sutnami Democràtic. Que quede claro que el CGPJ no tiene autoridad moral, tampoco jurídica, ya que está sin ser renovado desde hace cinco años, ellos y ellas que tanto dicen defender la Constitución, pero que por intereses partidarios continúan en sus puestos.  Nada dijeron cuando en 1996 el PP ganó las elecciones generales, pero no obtuvieron mayoría absoluta, y sin embargo, hicieron todo lo posible para hacerse con el Gobierno, aunque fuera pactando con los que ahora llaman despectivamente nacionalistas. A cambio de los 16 votos de CIU, el PP concedió a Catalunya: el control de las prisiones, la policía de tráfico, el control de los puertos, el control de TVE, un 40% de los impuestos especiales, un 35% del IVA, un 15% del IRPF. Puso en libertad a 16, según ellos, terroristas de Terra Lliure, 30.000 millones de pesetas, provenientes de los fondos de cohesión europeos, puso en libertad a 1443 presos comunes por petición del Vaticano, debido a la visita del papa Juan Pablo II a España, también amnistió a 139 personas por corrupción económica. Entre Aznar y Rajoy amnistiaron a cerca de 6.000 condenados. Además, Aznar hablaba catalán en la intimidad, ETA era un Movimiento de Liberación Nacional, etc. En esos momentos ningún juez o asociación judicial levantó la voz para criticar las acciones del Ejecutivo, más bien todo lo contrario.

Nadie, en aquella ocasión, insultó a Aznar, ni le llamó traidor, ni dijo que España se rompía, ni que ponía en peligro la Democracia, ni que era un psicópata del poder, ni que era un hijo de puta, ni que rompía el Estado de Derecho, y mucho menos que había que colgarle por los pies.  Porque en el fondo, lo que le duele al PP y a sus socios mediáticos (banca, patronal, Iglesia) no es la Ley de Amnistía, lo que les duele de verdad es que llevan cinco años fuera del poder de la nación española, y no pueden mangonear a su antojo los resortes del poder político y económico. Lo que les duele es que los catalanes y catalanas hayan renunciado, de manera clara, a la autodeterminación de manera unilateral, y esa nueva situación, ya no les sirve como arma arrojadiza contra Pedro Sánchez y su Gobierno de Coalición. Lo que les duele es que la Ley de Amnistía sirva para abordar desde la política un conflicto político, que todo se haga en favor de un interés superior: la convivencia democrática. Frente a esta postura de diálogo, tanto PP como los fascistas de VOX están por la vía dura, llegando a pedir la ultraderecha española, léase VOX, el artículo número 155 de la Carta Magna de forma permanente en Catalunya. La votación realizada a mediados de diciembre ha demostrado que los partidos políticos, alguno de derecha como el PNV, no están por la labor de volver a la situación que supuso todo lo relacionado con el `Procés`.