El pasado 3 y 4 de marzo, en la sede central de la Organización de las Naciones Unidas (Nueva York), tuvo lugar la aprobación de un tratado (Biodiversity Beyond National Jurisdiction- BBNJ), tras 20 años de negociaciones, para proteger las aguas fuera de los límites nacionales, el cual proporcionará el marco legal para establecer áreas marinas protegidas. Dicho tratado cubrirá dos tercios del océano. Este acuerdo histórico fue adoptado tras 38 horas continuadas de negociaciones, un día después de la fecha límite oficial. Uno de los principales temas que dividió a las naciones fue cómo compartir de manera justa los recursos genéticos marinos (MGR) que atraen la atención científica y comercial por su uso potencial en medicamentos y cosméticos. También generó algunos conflictos la creación de áreas marinas protegidas y el modelo de estudios de impacto ambiental de las actividades previstas en Alta mar.

Por su parte, la Unión Europea se comprometió a proporcionar 40 millones de euros para facilitar la ratificación del tratado y su pronta implementación. Este tratado es esencial para cumplir el compromiso 30X30 que los países hicieron en la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad en el pasado diciembre, el cual busca proteger un tercio
del mar y la tierra para 2030. Sin un tratado este objetivo estaría destinado al fracaso, ya que no habría un mecanismo legal para establecer Áreas Marinas Protegidas (AMP) en alta mar. Hay que tener muy en cuenta que los ecosistemas oceánicos son responsables de producir la mitad del oxígeno que respiramos y representan el 95% de la biosfera
del planeta. Estos ecosistemas son el sumidero de carbono más grande del mundo, que absorben dióxido de carbono. Las reglas fragmentadas y poco aplicadas que rigen, en la actualidad, en alta mar han dejado esta área más vulnerable a la exploración que las aguas costeras. Las aguas no jurisdiccionales nacionales representan el 60% de los océanos en todo el mundo.
No todo son buenas noticias, ya que las nuevas empresas mineras están bajando hasta el fondo del mar para sacar metales que serán esenciales en el futuro, pero el resultado para el ecosistema marino puede llegar a ser un verdadero desastre ecológico. La parte positiva es que el BBNJ, permitirá hacer efectiva la promesa de fortalecer las capacidades
de los países en desarrollo mediante diversos mecanismos, entre los que destaca la transferencia de avanzada tecnología marina a estas naciones desde países considerados como potencias. Así, muchos países en Latinoamérica podrán organizar investigaciones propias sobre recursos genéticos marinos y tener evaluaciones locales sobre el impacto ambiental en los mares de la región. Sin embargo, el nuevo Tratado permitirá el uso de las flotas de países con mejor tecnología y mayor capital que las naciones de la zona, aprovechar sin medida los muchos recursos genéticos que son transzonales. Aunque falta mucho para encontrar un equilibrio y distribución adecuada de los recursos genéticos de los océanos, el avance es importante y de trascendencia para el futuro.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define como recursos genéticos acuáticos todo “el material genético (especies, subespecies, poblaciones, individuos, gametos, genes, alelos y ADN) de todos los organismos acuáticos de valor real o potencial”. Hasta hace una década se estimaba que apenas 10
naciones se apropiaban del 97 % de los recursos genéticos del océano, materia prima necesaria en la investigación de los océanos para su protección, aprovechamiento económico y preservación de las especies. Los océanos, que cubren más del 70% de la superficie del planeta, han absorbido tanto el30% del dióxido de carbono liberado a la atmósfera
como el 90% del calentamiento global. Con la aprobación de la ONU del Tratado Global de los Océanos ahora existe un marco legal para garantizar (¡aunque eso está por ver!) la existencia de la biodiversidad marina que es la responsable de entregar al océano estas cualidades favorables para el medio ambiente.
Pero no todo está ya resuelto, pues es vital que los países ratifiquen urgentemente este tratado y comiencen a trabajar para crear vastos santuarios marinos, totalmente protegidos que cubran el 30% de los océanos para 2030. Aún quedan conflictos importantes por resolver en el texto. Con todo es un tratado viable y es un punto de partida para proteger el 30% de los océanos del mundo. El objetivo del 30X30, acordado en la COP 15 de Biodiversidad, no sería posible sin este tratado histórico. Todavía queda el arduo trabajo de ratificación y protección de los océanos. Se debería aprovechar este impulso para acabar con algunas amenazas, como la minería submarina, la pesca excesiva, la
extracción de petróleo, la contaminación por plásticos y el tráfico marítimo, que son, entre otras muchas, las causas de la destrucción de los océanos, el agotamiento de los recursos y la pérdida masiva de especies marinas.
Las negociaciones se habían retrasado durante años por desacuerdos sobre el mecanismo y los derechos de pesca. Hay que recordar que el último acuerdo internacional sobre protección de los océanos se firmó hace 40 años, en 1982: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La vida marina que vive fuera de estas zonas protegidas se ha visto amenazadas por el cambio climático, la sobrepesca y el tráfico marítimo. Según los recientes datos aportados por la Unión Internacional para la Conservación de la aturaleza (UICN), en la última evaluación de las especies marinas del mundo, casi el 10% estaba en peligro de extinción. Estas nuevas zonas protegidas, establecidas en el tratado, pondrán límites a la pesca, las rutas de navegación y las actividades de explotación, como la minería de aguas profundas, en las que se extraen minerales de un lecho marino a 200 metros o más de profundidad. La preocupación radica en que los procesos de extracción puedan alterar las zonas de cría de animales, genera contaminación acústica y son tóxicos para la vida marina; así pues, cualquier actividad futura en los fondos marinos ha de estar sujeta a estrictas normas de carácter medioambiental y de supervisión para garantizar que se realicen de forma sostenible y responsable.
Las naciones más ricas disponen en la actualidad de los recursos y el financiamiento necesario para explotar las profundidades oceánicas, pero las más pobres quieren, como es de justicia, asegurarse de que los beneficios que se encuentren se compartan de manera equitativa. Sin embargo, nadie sabe cuánto valen los recursos oceánicos y,
por tanto, cómo podrían repartirse. Nuestro conocimiento actual es muy limitado, se han registrado unas 230.000 especies en el océano, pero se calcula que el número de ellas supere los dos millones.
Lo importante del tratado es que, por primera vez en la historia, se ha aprobado un tratado que obliga a implementar regulaciones y restricciones diversas en alta mar para las actividades humanas que se desarrollan en ella. No está todo hecho, ya que el tratado tendrá que ser firmado y aprobado por los diferentes países para que entre en vigor.