Cuando llegó la crisis económica de 2008, que afectó de manera salvaje a la clase trabajadora y a las personas más vulnerables (el rescate del Gobierno del PP fue para bancos y grandes empresas: más de 90.000 millones de euros para ellos), las facultades de económicas de las universidades españolas veían aumentar de manera notable el número de alumnos y alumnas que estudiaban en sus aulas. En los medios de comunicación se peleaban por contar en sus emisiones con los grandes gurús nacionales o internacionales, surgidos de las Facultades de Economía (¡ciencia exacta, por antonomasia!) para que iluminaran los grandes rincones oscuros de nuestras cerebro en materia económica.

Pasaron los años, y llegó el 15-M de 2014. Entonces ya no eran necesarios los expertos en Economía, lo que se demandaba eran los politólogos de relumbrón, que nos explicaran “científicamente “la caída del bipartidismo, y la nueva situación creada por los partidos que habían emergido de las concentraciones en plazas y calles de las principales ciudades del país. Para esa fecha había quedado en el mayor de los olvidos conceptos tales como prima de riesgo, subprime o banco malo, y los analfabetos en la materia política volvimos a ser adoctrinados por los expertos en bipartidismo, el pactómetro y las nuevas mayorías, etc. Se pone de moda la famosa Ley D´Hont. Pero continúan pasando los años y llegamos a 2022. Ahora lo urgente es ser experto en derecho, pero no de un tema cualquiera, sino de uno que tiene como base la política, o lo que es lo mismo la Carta Magna (La Constitución de 1978). Es en este año post pandémico cuando entran a saco los nuevos gurús del saber científico e irrefutable: los grandes especialistas en Derecho Constitucional. Apartaos ignorantes del populacho, que aquí estamos nosotros para guiaros por los intrincados vericuetos del “Orden Constitucional”. Cada especialista tiene su librillo para interpretar la Constitución. Todo depende del grupo que le ha aupado al CGPJ o al TC para que heche el agua a su molino. Aquí ya no hay jueces independientes, aquí sólo hay progresistas y conservadores, aquí sólo hay pesebristas que se venden por un puesto y un sueldo muy bien renumerado. Como se ha podido comprobar con la actuación del Tribunal Constitucional, a mediados de diciembre, eso de la “división de poderes” es un auténtico camelo. Comparable a aquello del Diluvio Universal, el Arca de Noé y la separación de las aguas del Mar Rojo para que pasase el pueblo elegido por Dios: Israel.
En este año que finaliza, cuando se escribe esta editorial, comenzó con una severa crisis constitucional: el poder Judicial bloqueado y el Tribunal Constitucional atrincherado en las tesis que defienden tanto el PP como VOX. A Ciudadanos ni está ni se le espera, pues cabalgan de manera acelerada, a lomos de un camello alquilado, hacia su irreversible y definitiva desaparición. Ellos y ellas que querían ser alternativa real al bipartidismo y que se debaten entre el estar, de aquella manera, o el desaparecer en la Generales de 2023. La derecha y la izquierda política se acusan mutuamente de golpe de estado (constitucional, claro), es en este contexto legal, promovido por el CGPJ y el TC, cuando empezó la edad de oro del experto en derecho constitucional. Por arte de birlibirloque, un gran número tertulianos y tertulianas de toda índole realizaron un exhaustivo y frenético cursillo de Derecho Constitucional, dicho cursillo tuvo lugar en los platós de las diversas televisiones, nacionales y autonómicas, y en las sedes de los grandes partidos “constitucionalistas”, de toda la vida (el fundador del PP – Manuel Fraga Iribarne- votó en contra de la Carta Magna). Se da en los medios de comunicación de masas un bochorno espectáculo, ya que tanto la Justicia, como la Política, la Prensa y alguna universidad, se ponen al servicio de fines espurios.
Que una Universidad, con el prestigio académico como tiene la Complutense de Madrid, haya concedido una distinción a una antigua alumna suya, por el sólo mérito de haber estudiado en ella (Facultad de Ciencias de la Información), pone en la pista de por dónde nos viene el periodismo del futuro. El otorgar a Isabel Díaz Ayuso el título de “alumna ilustre” por el simple hecho de haber cursado allí una carrera, y haber llegado a ser presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando se pueden contar por miles las personas que han contribuido a la Ciencia y a la Sociedad con aportaciones de gran valor, y han quedado en el olvido más miserable. Que se sepa, a día de hoy, esa importante universidad madrileña no dijo nada cuando se retiraron los versos de Miguel Hernández del cementerio de la Almudena de Madrid. La llegada a la Presidencia de la Comunidad de Madrid de la líder pepera ha sido un potente torpedo en la línea de flotación del periodismo autonómico. En pocos años, la ilustre alumna periodista ha derruido la televisión autonómica. Tele Madrid. Este medio de comunicación ya no es un ente fiable. Los tribunales han de7
clarado improcedentes los despidos tras el asalto a la cadena pública. Esa “brillante” alumna no ha parado en su ataque constante a los servicios públicos tanto en Sanidad como en Educación. Y nos preguntamos: ¿Cuánto tiempo tardará la Complutense madrileña en conceder alguna medalla, aunque sea de hojalata, a tan distinguida señora por su “ilustre” gestión en la pandemia del COVID-19?
El presunto Estado de Derecho, según el carismático líder del PP, el gallego Alberto Núñez Feijóo, ha triunfado al acallar al Parlamento democrático por primera vez en su historia tras el franquismo. En declaraciones del catedrático de Derecho Constitucional de la Hispalense, Joaquín Urías Martínez: “El Tribunal Constitucional ha vulnerado la letra y el espíritu de la Constitución. Se ha saltado su propia ley y un buen número de normas procesales. Ha traicionado al Estado de Derecho y la separación de poderes. Y lo ha hecho sólo por mantenerse unos meses más el control del PP sobre la institución”.
Si en 1981 la derecha franquista, mediante los militares, dieron un golpe de estado, que terminó siendo frustrado por la derecha monárquica, con el rey Juan Carlos I, como actor principal e instigador en la sombra; este diciembre pasado ha sido la misma derecha anclada en sus privilegios franquistas, vestida de toga y birrete, la que ha propiciado lo que se puede catalogar de Golpe de Estado blando, o si se prefiere de Golpe Constitucional, las fuerza de las togas fue utilizada para frenar una tramitación parlamentaria. Que cada cual le ponga a eso el nombre que más le apetezca. Todo ello como consecuencia del bloqueo sistemático del CGPJ y del TC. por parte del Partido Popular, y que arranca de la mayoría parlamentaria de 2011. Esta situación ha contribuido a un flagrante y sostenido incumplimiento de la Constitución durante los últimos 4 años. Entre la enorme maraña de mentiras y verdades a medias, hay verdades que son inapelables: 1) Que el PP se niega a cumplir un mandato constitucional desde hace 4 años, ellos que se autodenominan paladines de la defensa de la Constitución. 2) que los jueces del CGPJ incumplen una ley orgánica al no permitir su renovación. 3) El bloque conservador (como si esto fuera un debate parlamentario) ha pasado por encima de la propia ley que lo regula y ha pisoteado sus propios procedimientos reglados, y así amordazar al Parlamento. Hecho inaudito en cualquier parlamento europeo democrático. 4) Saltarse la mayoría surgida de las últimas Elecciones Generales. Con ello se produce una tensión en el debate político diario, provocando una grave crisis de Estado de gran envergadura, y que no terminará hasta finales del 2023, con las nuevas Elecciones Generales.
Mientras llegan dichas elecciones, la bronca política continuará fuera y dentro del Congreso y del Senado. Como la apocalipsis económica anunciada por el PP no ha llegado, y España no es la más perjudicada por la situación actual, la derecha ha hecho bandera, una vez más, de su lema recurrente: “España se rompe”, y más ahora que el PSOE ha caído en manos de filoetarras, bolibarianos, separatista, etc., a cambio de sus votos parlamentarios. Cuando los gobiernos de Aznar y Rajoy indultaban a sus malversadores, en cada consejo de ministros, eso no tenía mayor importancia. España no se rompía por ningún sitio, aunque las grietas de la corrupción y el despilfarro económico de las grandezas de sus políticos autonómicos y estatales eran de una magnitud apabullante. Ahora cuando son otros los indultados por malversación de dinero público (aunque no se lo quedasen para ellos), eso es una verdadera catástrofe para una España en la que ya no pueden cortar el bacalao a su antojo. Y en esta situación, no es cuestión secundaria quién manda en el CGPJ y el TC. Las últimas sentencias de cada uno de esos organismos han puesto, bien a las claras, que las sentencias han beneficiado descaradamente a los intereses de la derecha, principalmente al PP, por estar implicados en decenas de casos delictivos, a estos casos los mencionados estamentos de la Justicia española les están dando carpetazo o, simplemente, poniendo a sus ejecutores fuera de los muros de las cárceles, con argumentos que no son aplicados a los demás presos y presas.
La aceptación de la medida cautelarísima del PP ante el TC, una medida sin presentes en la historia reciente de la Justicia española, tan sorprendente por su contenido y celeridad, ha situado al TC en una tercera Cámara, alineada con un partido político concreto, el demandante de la medida. Esa es la percepción real del ciudadano por encima de los tecnicismos forzados. Ello es de una gravedad suprema, ya que el TC se tiene que distinguir por su imparcialidad e independencia de sus miembros. El TC se percibe en la actualidad como un órgano dividido en dos grupos: “conservadores y “progresistas”, y lo más grave con férrea disciplina de voto. Presentándose en sociedad como una simple asamblea política y no como un órgano que imparte justicia y es independiente de presiones de los diversos partidos políticos que conforman el arco parlamentario en España. No seremos nosotros y nosotras quienes esperemos ética y honradez de parte de los que están al servicio de los intereses de quienes mandan y mandarán en esta desmovilizada sociedad, abocada al consumo y el borreguismo ideológico.
Hace ya años que el TC perdió su cacareada autoritas, basada en la imparcialidad y en consenso. En punto álgido tuvo lugar con su intervención en la causa del “procés” catalán, en ese momento dio su primer golpe de estado constitucional, lo ocurrido en 2022, es el segundo acto de una comedía, la cual tiene los mismos actores y los mismos escenarios. Aunque nosotros estamos por la disolución de entidades de esa calaña, y mientras eso no llaga, pues que al menos cumplan con las normas que ellos mismos se dan, y que utilizan de una manera u otra según sus particulares intereses. No se trata de hacer reformas de entidades que en la práctica no sirven para nada, ya que al mando de las entidades están los de siempre: los vividores y sostenedores del sistema capitalista, usando para ello una gama de colores que van del rojo intenso al azul claro. Todo lo demás triquiñuelas para seguir viviendo del cuento democrático.