La Ley de Cambio Climático y Transición Energética fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 21 de mayo, en su número 121. En las páginas 62009 a 62052 (44 págs.). Su contenido consta de: 1 Preámbulo, 1 Título Preliminar, 9 Títulos con 40 artículos, 9 Disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias y 15 Disposiciones finales. Dicha ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, es decir, el 22-5-2021. Cada título de la ley contiene un enunciado que refleja, de manera brevísima y significativa, lo que desarrolla de manera amplia. He aquí lo que, según la prensa escrita, se denomina los nueve “mandamientos” de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, por títulos: 1º Recoge los objetivos mínimos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética de la economía española para los años 2030 y 2050. 2º Recoge las disposiciones relativas a la generación de electricidad con energías procedentes de fuentes renovables y a la eficiencia energética. 3º Aborda las medidas con la transición energética y los combustibles. 4 º Aborda las cuestiones relativas a la movilidad sin emisiones y transporte. 5º Recoge las medidas de adaptación frente a los impactos del cambio climático. 6º Aborda medidas en el ámbito de la transición justa. 7º Contempla aspectos concretos en la movilización de recursos en la lucha contra el cambio climático y la transición energética. 8º Engloba la educación y la capacitación para el desarrollo sostenible y el cuidado del clima, así como la investigación, desarrollo e innovación. 9º Regula, de una forma novedosa, la gobernanza de cambio climático y transición energética en España.
Mientras la ministra, vicepresidenta cuarta, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (PSOE), Teresa Ribera Rodríguez, ha echado las campanas al vuelo, una vez se ha aprobado la ley sobre el Cambio Climático y la Transición Ecológica, con afirmaciones como éstas: “Esta ley generará actividad económica, inversión y empleo”, “El empleo neto aumentará entre 250 y 350 mil puestos de trabajo”, “ Este es un Gobierno que quiere actuar de forma progresista, feminista y ecologista”, “Marcamos un hito, un punto de partida desde el que mirar siempre hacia delante e ir a más, nunca a menos. Con esta ley se abordan retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad”, “Hay que apoyar la ambición climática que persigue el Gobierno”. Por su parte, las organizaciones ecologistas han puesto muchos reparos a lo aprobado en el Congreso de los Diputados. En primer lugar, por el enorme retraso en la llegada de esta ley, nada menos que diez años, y, en segundo lugar, por la poca ambición climática que de los partidos que conforman el actual Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. La organización más beligerante contra el texto aprobado ha sido/es Greenpace, la cual lamenta que la ley sea claramente “descafeinada”, ya que a lo largo del proceso por el que ha pasado la ley Congreso-Senado-Congreso, ésta se ha debilitado, dejando la puerta abierta a los combustibles fósiles y permite el uso del gas natural en todo el transporte, hecho del todo inadmisible, ya que es una cesión ante el lobby de los combustibles fósiles. El artículo 11 permite el uso indiscriminado del gas fósil para el transporte por carretera. Aunque la organización ecologista sí reconoce algunas mejoras: la prohibición de la minería del uranio, la rehabilitación energética o el cálculo de la huella de carbono en el sector financiero y el fin de los vehículos con motor de combustión, pero la fecha tendría que ser 2028 y no 2040.
El actual Director Ejecutivo de Greenpace, Mario Rodríguez Vargas, afirma: “Es una ley fundamental y largamente esperada, pero carece de la ambición necesaria para afrontar con éxito la situación de emergencia climática declarada por abrumadora mayoría en el Parlamento y por el actual Gobierno. Si en una situación de emergencia, esta ley es lo máximo a lo que aspiran, tanto el Parlamento como el Gobierno de PSOE/Unidas Podemos, entonces este país tiene un gravísimo problema, ya que no podrá cumplir con el Acuerdo de París: Primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el Cambio Climático (Conferencia sobre el Clima de París, COP21 en diciembre de 2015) en la que participaron 190 partes/países. España apenas reducirá un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 respecto a 1990. Este objetivo debería haberse elevado al menos al 55%, el objetivo de cero emisiones netas se tenía que haber adelantado de 2040 a 2028. En plena emergencia climática, se apuesta por falsas soluciones como el gas natural, que de natural no tiene nada, ya que es un combustible fósil, una energía que ni es limpia ni de transición en la que se debe seguir invirtiendo, pues las energías renovables pueden cubrir todas nuestras necesidades. Los industriales de combustibles fósiles lo saben, y realizan una intensa labor de presión en el ámbito político nacional y europeo para mantener sus pingües beneficios. Están al caer los fondos europeos de recuperación NexGeneratión EU y estas empresas se los reclaman a los gobiernos para mantener sus negocios en el gas. Necesitamos ciudades verdes en un planeta sano. El 55% de la población vive en ciudades, las cuales generan el 70% de las emisiones globales y consumen 2/3 de los recursos y de energía del planeta.
Para Amigos de la Tierra, la norma “no impulsa la transformación ecológica y social que España necesita”, “No responde de manera ambiciosa al reto de transición ecológica al que se enfrenta hoy España. De nada sirve aprobar leyes si no hay cierta coherencia entre ellas, ya que se están dando palos de ciego. Esta ley no está alineada con la ciencia”. La ley ha sido aprobada con los votos del PSOE, Unidas/Podemos, ERC, Cs y Teruel Existe. VOX ha votado en contra, PP y Más País-Equo Verdes se han abstenido. Estos últimos se han mostrado sumamente críticos con la ley, de ahí su abstención. Es una ley que llega tarde y a todas luces es insuficiente; así pues, se corre el riesgo, una vez más, de quedarnos en el vagón de cola del tren europeo. No hay un segundo que perder y es imprescindible actuar con determinación para evitar los peores impactos del cambio climático en un país tan vulnerable a esos impactos por su ubicación en la región mediterránea. Afirman, sin paliativos de ningún tipo, que “Hemos `perdido una verdadera oportunidad para alinearnos con Europa, la Ciencia y la Juventud, que nos exigen que seamos mucho más valientes”. El “retraso histórico” de España sobre legislación ambiental “no puede ser una excusa”, “Es una necesidad ser bastante más exigentes”. Para ellos, los objetivos medioambientales “nacen viejos y obsoletos”. La ley reclama un 55% y la ley sólo el 23%. El Gobierno evita un debate en profundidad de una de las leyes más importantes de la década. La ley no asegura la prohibición de la explotación de gas, como es el caso de Álava/Araba. Finalmente, piden protección legal de la Red Natura 2000 frente a los mega-proyectos energéticos.
Otra organización ecologista como es Ecologistas en Acción, de fuerte implantación en toda España, también se ha posicionado en contra de la reciente ley, sumándose al manifiesto de la Xarxa per la Justicia Climàtica y Rebelión por el Clima. El manifiesto está firmado por más de un centenar de organizaciones. Éstas señalan que el texto actual no permitirá al Estado español cumplir con sus compromisos climáticos en 2030 como reclama la comunidad científica, por lo que siguen reclamando una ley a la altura de la emergencia climática. Para Ecologistas en Acción, la emergencia climática implica un debate más profundo sobre el reto civilizatorio que supone y que no se ve recogido en la ley. En la ley no se contempla la eliminación de subvenciones a los combustibles fósiles ni medidas necesarias para frenar el incremento de los viajes en avión, o la creciente e insostenible industrialización de la agricultura y ganadería. Esta organización reclama que se inicie un debate público sobre unos objetivos climáticos mucho más ambiciosos. Seguirán muy atentamente la gestión que se haga de la Asamblea Ciudadana por el Clima que contempla la ley, con la experiencia de los precedentes en Reino Unido y Francia, la organización ecologista considera importante que se lleve a cabo con garantías de representatividad, independencia respecto a partidos políticos y partes interesadas: transparencia, debate público y compromiso político con sus resultados. La ley incurre, además, en las atractivas y falsas soluciones del capitalismo verde, que aluden a adelantos tecnológicos sin tener en cuenta su elevado coste energético y material ni los efectos sobre las vidas de las personas y el resto de los seres vivos de la Tierra. Hay que reducir el consumo de materiales y energía, acompañándolo de una redistribución de la riqueza y del trabajo que garantice una vida digna para todas las personas, y con la construcción de modelos basados en la cooperación, la solidaridad local y global, y la interdependencia de los cuidados esenciales.
Por otra parte, y relacionado con el mismo tema, la Unión Europea también aprueba una ley para luchar contra el cambio climático hasta 2050. La presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen se mostró “encantada” por el “compromiso de que convertirnos en el primer continente climáticamente neutro para 2050 es ahora un compromiso legal”. A ese entusiasmo se añadió el presidente del legislativo comunitario, David Sassoli, afirmando que la ley del clima “muestra una ambición nunca antes vista, y es un primer paso para que la UE se vuelva neutra en 2050 y una fuerte señal antes del Día de la Tierra. Espero con interés ambiciosas propuestas energéticas y climáticas en junio”. El optimismo de los líderes de la Unión respecto a la nueva normativa fue contrarrestado por los grupos ecologistas, que criticaron la gran fragilidad y escasa ambición del acuerdo. Fueron numerosos los eurodiputados que lamentaron el límite al 55% para dentro de 9 años en vez del 65%. Según los ecologistas: “La UE no hará lo suficiente para cumplir los objetivos del Acuerdo de París”.
Para alcanzar los objetivos previstos, tanto a nivel nacional como europeo o internacional, hay que priorizar todas las actividades encaminadas a reducir el volumen de gases expelidos y no a la capacidad técnica de absorción. Hay que tener muy presente que la reducción no significa taxativamente que cada país disminuya sus emisiones, sino que sean compensadas gracias a captores y absorbedores: bosques, extractores o la tecnología del reciclaje.
Estamos de acuerdo que más vale “algo” que ayude a no seguir deteriorando el planeta Tierra a la velocidad que lo estamos haciendo, pero las leyes que se están aprobando son simples parches para la profunda herida que estamos/están causando las salvajes actuaciones del capitalismo y su lema: “beneficios por encima de todo, crecimiento a toda costa”. Sólo un cambio radical de modelo de sociedad y de tratamiento de los recursos limitados del planeta podría “frenar” la imparable deriva hacia el derrumbe final de la sociedad tal como la conocemos. El capitalismo es una fiera insaciable y antepone sus ansias de riqueza al bienestar de la población en general. Nuestra utopía libertaria está más vigente que nunca. Si no tomamos en nuestras manos el futuro de nuestras vidas, nadie lo hará por nosotras y nosotros.