Si tenemos en cuenta las palabras de la vicepresidenta primera del actual gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, en la Transición todo fue de color de rosa. Continúa con el mito ya desmontado de la Transición pacífica. En una entrevista a un periódico de tirada nacional/internacional afirmaba: “Yo confío mucho en la madurez y en el olfato que tiene la inmensa mayoría de este país. Salimos de una manera tan brillante de una dictadura a la democracia sin un sólo roce de violencia, salvo ETA”. Qué desvergonzada tergiversación de la historia reciente de España. Calvo se olvidaba intencionadamente de los entre 600 y 700 muertos, contabilizados por algunos investigadores, entre 1975 y 1983, incluyendo fallecidos por violencia política de origen institucional y por terrorismo de extrema derecha, con casos tan conocidos como la matanza de los abogados de Atocha. El libro de Sophie Bray El mito de la Transición pacífica, eleva esta cifra a 714 muertos. En la misma línea se pronunció Pablo Casado afirmando que en la Transición “no hubo ni sometimiento ni miedo”. En su caso no nos extraña, ya que los que mandaban eran los suyos, los demás sufrimos sometimiento y mucho miedo a la represión que se ejercía sobre cualquier luchador por la libertad y la justicia social. Así, entre 1975 y 1983, qué eran los interrogatorios de “Billy El Niño” y Conesa: unas “entrevistas” para encontrar trabajo. Eso que lo digan la derecha y la ultraderecha nazi y fascista, no nos extraña en absoluto, para ellos la violencia sólo la practican los otros, pero que lo diga una representante de la “socialdemocracia” española no tiene otro nombre que ¡traición! a los que sufrieron represión y muerte. En esos 8 años se produjeron en nuestro país nada menos que 591 muertes por violencia política, los grupos antiterroristas asesinaron a 16 personas, principalmente del entorno de ETA y del GRAPO, la brutal represión policial costó la vida a 54 personas, 8 personas fueron asesinadas en la cárcel o en comisaria (Agustín Rueda Sierra entre ellas), también murieron 51 personas en los enfrentamientos con la policía y los grupos armados… y así hasta 591.
El pasado 23 de febrero de 2021 se cumplió 40 años del fracasado golpe de Estado que tuvo como principal protagonista al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, secundado por el teniente general Jaime Milans del Bosch Ussía y el general de división Alfonso Armada y Comyn, cabeza pensante del golpe. Con motivo de dicho aniversario, se celebró en el Congreso de los Diputados (Cámara Baja), sala del Escritorio del Reloj, un vergonzante acto conmemorativo de dicho acontecimiento, organizado por el actual Gobierno de Coalición PSOE-Unidas Podemos. La “brillante” idea partió de la presidenta del Congreso Meritxell Batet, como cabeza visible del Partido Socialista Obrero Español. Con la intención de revindicar la figura del corrupto Juan Carlos I en el fracaso de dicha intentona golpista, mediante la intervención de su hijo el rey Felipe VI en el Congreso de los Diputados (se ve que no hay diputadas), ante todas las instituciones del Estado. El actual PSOE es más monárquico que los mismos monárquicos, ya que cuando tiene que posicionarse frente a las tropelías del anterior rey mira para otro lado, y da la espalda a cualquier comisión de investigación sobre los asuntos sucios de Juan Carlos, la ley de secretos oficiales o la inviolabilidad constitucional de la figura del rey, para cambiar el artículo 135 de la CE le faltó tiempo, para lo que se refiere a los privilegios del monarca no encuentra el momento oportuno. No nos extraña, ya que la mencionada vicepresidenta primera del Gobierno afirmó, hace unas semanas, que el PSOE es compatible con la Monarquía, lo más grave es que también lo fue con la Dictadura del general Primero de Rivera, confirmando el refrán que dice: “De aquellos polvos estos lodos”. Y ellos y ellas están metidos hasta el cuello en el lodazal
El Rey Juan Carlos I estaba al corriente de la trama golpista del 23-F de la pestilente política actual. Todo sea en aras de seguir en el Poder. Si hay que dorar la píldora a la corrupta Corona se hace y a otra cosa.

A dicha celebración asistieron, además del presidente Pedro Sánchez, los cuatro vicepresidentes del actual gobierno: Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera. El Rey Felipe VI fue recibido en la Carrera de San Jerónimo por Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, la presidenta del Senado (Cámara Alta) Pilar Llop (socialista); el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y el presidente en funciones del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial – casi tres años en funciones y lo que te rondaré morena-, Carlos Lesmes. La presidenta del Congreso dio rienda suelta a los tópicos más rancios que se vienen repitiendo desde aquel 23-F de 1981. Entre otros éstos: “Nuestra democracia supo responder al asalto que pretendía acabar con la libertad y el pluralismo en España”, “La sociedad española y los poderes democráticos utilizaron su legitimidad y la Constitución para proteger la convivencia”, “La democracia exige compromiso diario, defensa permanente y esfuerzo constante. Los riesgos son otros, pero existen”, “Hoy el peligro está en la deslegitimación de las propias instituciones”, “La defensa de la democracia es su progreso y su capacidad de generar futuro, España es un país plenamente democrático, sigamos ganando el futuro para España”. Y así un largo etcétera. A cada uno de esos típicos y tópicos razonamientos se le podría rebatir de manera clara y sencilla, pero este no es el caso que nos ocupa. Tan sólo hay que apuntar que si estamos en una democracia tan plena ¿por qué no apoyan una comisión de investigación sobre el anterior rey y sus actuaciones corruptas? Máxime cuando varias actuaciones delictivas las cometió cuando ya no era rey.
Si hay democracia plena ¿por qué no se cambia la Ley de Secretos Oficiales, que proviene del franquismo, año 196? Así todo lo relacionado con el 23-F no estaría en la nebulosa de la falsedad de lo que en verdad ocurrió aquella tarde/noche del 23/24 de febrero. Así Felipe VI, hijo del rey corrupto, no nos hubiera dado la vara ensalzando a su padre en el 40 aniversario del 23-F. El nuevo rey no podría pronunciar, sin que se le cayera la cara de vergüenza, frases como éstas: “Su firmeza (la de Juan Carlos I se entiende) y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia”, “Asumió como jefe de Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución”. Qué compromiso con la Constitución cuando fue él uno de los promotores, en la trastienda, de lo que pasó aquella tarde y noche del 23 de febrero en el Congreso de los Diputados. Y cuando el golpe de Estado estaba en la fase final de su fracaso, a las 2.30 horas del 24 de febrero, fue cuando se atrevió a dar la cara con un discurso tan ambiguo como su postura a lo largo de las ocho horas que duró la intentona golpista, que llevaron a cabo con su consentimiento expreso. Lo que pasó es que él y su colaborador más cercano, antiguo secretario de la Casa Real, Alfonso Armada, querían un golpe de Estado blando, con un gobierno presidido por él, mientras que Tejero abogaba por un golpe de Estado duro, y con un gobierno presidido por Jaime Milans del Bosch. Cuando Alfonso Armada se presentó en el Congreso de los Diputados para plantear a los diputados y diputadas las condiciones del nuevo gobierno puesto a dedo, fue el propio Tejero el que se lo impidió, con pistola en mano, afirmando que él sólo recibía órdenes del teniente general Milans del Boch, superior en mando a Armada. Se sabe, de manera fehaciente, que Tejero también dijo que el golpe de Estado lo hacía en nombre de su majestad el rey.
Respecto a la propuesta que Armada iba a hacer al Congreso no se habla en los medios de comunicación, ya que aún viven personas que no quedarían muy pardas si se hablase de la composición del gobierno golpista tras el 23–F. Se discute, todavía, si sus componentes estaban al corriente de lo que iba a suceder, que en principio era un golpe de estado blando, en la línea de lo planteado por el rey y Armada, junto a sus acólitos de la sociedad civil, lo que sí se pone de manifiesto en el listado son las simpatías de la Corona y el Ejército con muchos de ellos. Entre ellos estaba el que llegó a ser presidente del gobierno de España, durante varias legislaturas, Felipe González, el de las puertas giratorias tras su salida del gobierno. El cual continúa viviendo de los presupuestos generales del Estado, por ser miembro permanente vitalicio del Consejo de Estado. Un ente parasitario puro y duro, que sólo sirve para premiar los favores realizados al mantenimiento del sistema capitalista, sin aportar nada de provecho al conjunto de la sociedad. Pasados cuarenta años y visto la deriva reaccionaria del político sevillano, todo es posible. Su formación en el Frente de Juventudes durante el franquismo dejó graves ramalazos autoritarios en su actuación reciente, como se ha podido comprobar en su relación con la actual dirección del partido socialista que lidera Pedro Sánchez, y su coalición de gobierno con Unidas-Podemos.
Quede reflejado aquí y ahora, en este 40 aniversario del golpe de Estado de 1981, de consecuencias nefastas para el devenir democrático, ya que el miedo a una involución política frustró las esperanzas de la deseada ruptura con el pasado franquista, quede reseñada la composición del gobierno que el general Armada iba a presentar a las Cortes españolas, aunque Tejero y Milans del Bosch no estaban de acuerdo con la participación de comunistas en dicho gobierno de “salvación nacional” para revertir la situación que se estaba produciendo en esos momentos: conflictos laborales, continuas reivindicaciones nacionalistas, intensidad de las acciones de ETA, aumento desenfrenado del paro laboral, etc. Composición del Gobierno: Presidente: Alfonso Armada (militar), Vicepresidente de Asuntos Políticos: Felipe González Márquez (PSOE), Vicepresidente de Asuntos Económicos: J.M. López de Letona (Banca), Hacienda: Pío Cabanillas (UCD), Obras Públicas: José Luis Álvarez (UCD), Educación y Ciencia: Miguel Herrero de Miñón, Industria: Agustín Rodríguez Sahagún, Justicia: Gregorio Peces-Barba (POSE), Transportes y Comunicación: Javier Solana (PSOE), Sanidad: Enrique Múgica Herzog (PSOE), Trabajo: Jordi Solé Tura (PCE), Economía: Ramón Tamames (PCE), Asuntos Exteriores: José María de Areilza (Coalición Democrática), Defensa: Manuel Fraga Iribarne (AP), Comercio: Carlos Ferrer Salat (Presidente de la gran patronal CEOE), Cultura: Antonio Garrigues Walker (Empresario), Información: Luis María Ansón (Presidente de la agencia de noticias EFE), Interior: Manuel Saavedra (Militar), Autonomías y Regiones: José A. Sáenz de Santamaría (Militar).
Quedaría, entre otras muchas cosas más, analizar el discurso que Juan Carlos I dirigió a la población española, a la 1, 14 horas de la madrugada del 24 de febrero, cuando el golpe de Estado ya había fracasado. Qué quería decir el rey cuando pronunció éstas enigmáticas palabras: “Cualquier medida de carácter militar que tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes del Estado Mayor”. Sin lugar a duda el rey estaba implicado hasta el cuello en la intentona golpista, lo reflejan varias frases pronunciadas por él durante el tiempo que duró la sonada militar. Dos de las más destacadas: “¡Qué coño es eso de intimidación!”, “Aquí están pasando cosas que no estaban previstas”. Por otro lado, Milans del Bosch pone en la picota al propio rey con esta reveladora y contundente frase: “el rey nos ha engañado, nosotros hemos avanzado y él se ha echado para atrás”. El cinismo del rey fue de premio Nobel, cuando afirma, para exculpar a los golpistas, y de paso a sí mismo: “Sólo pretendían lo que todos deseábamos: el restablecimiento de la disciplina, el orden, la seguridad y la tranquilidad”. El rey entendía que el responsable último era Adolfo Suárez, por “no tener en cuenta las peticiones de los militares”. El rey, según las últimas investigaciones llevadas a cabo, estaba al corriente de la trama golpista y conforme antes, durante y después del golpe que traicionó, como buen borbón que es. Fue una trama ideológica de la derecha reaccionaria, todavía sin identificar, que no fue investigada en su momento. Más grave aún, se destruyeron pruebas de todo tipo por parte de los Servicios Secretos (cloacas del Estado). Si todo fue sólo idea de unos nostálgicos militares franquistas, si no había nadie detrás de ellos, ¿por qué no se abrieron las investigaciones pertinentes? ¿Por qué se mantienen en secreto los pocos o muchos documentos que aún quedan en los archivos del CESID-CNI? Después se escandalizan la derecha, y los socialistas que apoyan a la Monarquía, cuando algún político se atreve a decirles a la cara que en España no hay una democracia plena. No queremos finalizar sin hacer patente una verdad tan grande como la cordillera de los Andes, sobre la monarquía española: la monarquía borbónica siempre se ha restaurado o instaurado en España mediante un golpe de Estado más o menos cruento, en el caso de Juan Carlos I de Borbón y Borbón, con el golpe de Estado del general genocida Francisco Franco Bahamonde en 1936. Los militares de los chats han sido absueltos del delito de odio, se ve que afirmar que hay que matar a la mitad de la población no es odio a una parte de la ciudadanía. Ya lo escribimos en el anterior número de Orto que esto se quedaría en agua de borrajas, y así ha sido. La pregunta surge con una rabia contenida: ¿Cuántos años de cárcel le hubieran caído, ipso facto, a la persona o colectivo que se hubiese atrevido a escribir en chat privado o no semejante barbaridad? La ministra de defensa, tal como se esperaba, no ha dicha ni una palabra sobre la sentencia, porque una cosa es acatarla y otra muy distinta estar de acuerdo con la misma, esta sentencia, como otras tantas, sólo son contundentes en sus peticiones de cárcel para los que ponen en cuestión al podrido y corrupto Estado y sus lacayos los jueces.