Bruno Servet
Mientras la Conferencia Episcopal arremete contra el Ingreso Mínimo Vital (IMV) permanente, porque eso llevaría a una sociedad subsidiada/subvencionada sin fecha de caducidad, la Iglesia Católica no renuncia a la subvención que le llega cada año, vía IRPF, a sus arcas ni a los pingües beneficios que reciben bajo diferentes conceptos. Tampoco renuncia a los millonarios beneficios que consiguen a través de la venta de miles de inmatriculaciones que han conseguido de manera fraudulenta. Y todo con una opacidad que llega a la mentira. ¿Dónde queda eso de no darás falso testimonio ni mentirás, que tienen en su octavo mandamiento? Su lema es: haced lo que yo os mando, pero no lo que yo hago. Tienen un morro que se lo pisan de largo que es, y un cinismo digno de estar en el libro Guinnes Wolds Records. Pero dejo para el final del artículo la ampliación de lo tocante a la sociedad subsidiada a la que se refiere la ICAR.
Vayamos, pues, a lo que anuncia el título de este artículo, los ultracatólicos y el COVID-19. Como botón de muestra de esa especie de secta dentro de la ICAR española, me referiré a los tres miembros que más se significaron durante los Estados de Alama de marzo a junio. Por orden de aparición y de repercusión social en la sociedad española, en primer lugar el cardenal de Valencia Antonio Cañizares (fuente inagotable de noticias para un escritor que sigue la nefasta actualidad de la Iglesia Católica española); en segundo lugar el exministro de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2016), el mayor gestor de las hediondas cloacas del Estado, el opus deísta Jorge Fernández Díaz; en tercer lugar, y último, el honoris causa por la excelente y reconocida Universidad del Pimentón Murciano don José Luis Mendoza Pérez, que en cuestiones de dignidad académica no se come ni un rosco, en el caso que nos ocupa sería mejor decir, que no se come ni un pimiento. Tres lumbreras de la intelectualidad española, y afinando un poco más, de la intelectualidad religiosa, política y académica de nuestra España: Una-Grande-Libre. Que Dios les pille confesados a los tres, pues de lo contrario irán de cabeza a lo que ellos llaman infierno, donde reina por los siglos de los siglos ese maldito propagador del actual virus: ¡SATANÁS! Ese ángel cruel y maligno que según Benedicto XVI, en entrevista con Fernández Díaz en el Vaticano, quiere acabar con España, pues los españoles somos un pueblo muy bueno, defensor de los valores católicos contra la pérfida Reforma Protestante y eficaz evangelizador de América.
Veamos cada caso en particular y su relación con el COVID-19. Una vez más, y ya he perdido la cuenta, el “libre pensador” más cerril de la CEE ha vuelto a estar de actualidad al principio de la pandemia en España. Motivo: saltarse a la torera las normas del Estado de Alarma. Según él, eso del confinamiento y las medidas promulgadas por las autoridades sanitarias no afectaban a los católicos de la ciudad de Valencia, pues la “Geperudeta” (Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia por mandato divino) está por encima de cualquier orden dictada por el Gobierno, y mucho más si ese gobierno está compuesto por socialistas y los intrusos podemitas con rabo, cuernos y un tridente. Mientras que el arzobispo Antonio Cañizares afirmaba: “No ha habido ninguna aglomeración porque había dos patrullas policiales y no han actuado para disolver a ningún grupo”, y acusa al concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de mentir sobre la exposición de la Virgen. Le reprocha de hacer “algo tan deleznable y denigrante como hizo Nerón en la Roma del Imperio” con las acusaciones a los cristianos y su persecución. La ignorancia del cardenal es supina, Nerón nunca persiguió a los cristianos ni quemó Roma.
Por su parte, el edil Aarón Cano le contestó que se habían reunido más de 200 personas, hecho que no estaba autorizado, y que lo realizado por el arzobispo había sido concebido “con premeditación y alevosía”, ya que a las puertas de la Basílica había estado grabando una unidad de la TV8, para recoger imágenes de lo que sucediera, cosa que indicaba que alguien le había avisado previamente. Si la actuación de la policía local no fue la correcta, ya que debía haber actuado conforme a lo establecido, lo más grave fue la ausencia de la policía autonómica y de la policía nacional, ésta última hizo su aparición dos horas más tarde de lo sucedido; con lo diligentes que son cuando los hechos los cometen personas no afines a sus intereses ideológicos. Lo de la policía autonómica tiene su explicación, no justificable, pero que tiene su lógica interna, al comprobar quién manda sobre dicho cuerpo policial. Ella está directa y totalmente al servicio del Gobierno Autonómico, y éste en ese momento estaba en litigio político con el Gobierno Central, aun siendo los dos del mismo partido político, es decir, del PSOE. El cardenal argumentaba, mintiendo una vez más, que las fiestas de carácter religioso no estaban prohibidas. Puede que no estuviera prohibido el culto en determinadas horas y circunstancias, pero lo que hizo el arzobispado sacando a la Virgen para que se produjeran aglomeraciones de fieles, sí estaba prohibido como reconoció el concejal y la misma policía local que precintó el recinto religioso.
Como dice el refrán castellano: “Salimos de Guatemala y nos metimos en Gautepeor”. O lo que es lo mismo, dejamos al arzobispo Antonio Cañizares y nos acercamos al exministro de Interior Fernández Díaz, el de la entrevista con Benedicto XVI. Veamos la afirmación del prohombre de la derecha española, el guía intelectual salido de las aulas del saber en España: La FAES. Esta entidad, con pretensiones culturales, y cuya cabeza pensante, mejor decir bigote pensante, es el gran adalid del neoliberalismo español, cómo español más bien europeo, cómo europeo, mejor afirmar mundial: José María Aznar López (“el risitas”). El mentado exministro a mitad de marzo, cuando se acaba de estrenar el primer Estado de Alarma, con el correspondiente confinamiento general, y acaba de irrumpir en la actualidad informativa lo del rey “emérito” y las informaciones que vinculaban al Juan Carlos I con fondos opacos en paraísos fiscales, ante las peticiones de algunos partidos que reclamaban investigar a la Casa Real, se descolgó con una afirmación más propia de un gran científico o un importante estadista que de un simple exministro de Interior: “Cuestionar la monarquía como forma de Estado es más letal para España que el coronavirus”. Y aprovechando que el río Ter pasa por Girona, dijo que era “insostenible” que Unidas Podemos forme parte del Ejecutivo español y que reclame investigar la Casa Real. Pidió a los partidos políticos que estuvieran a la altura de las circunstancias, o lo que es lo mismo, que mirasen para otro lado en cuanto a la corrupción de la Corona. Otra de sus muchas perlas intelectuales fue la que escribió en un medio de comunicación digital: “ante la pandemia que nos afecta es oportuno reflexionar sobre el principio de que el fin no justifica los medios”. Precisamente él, que fue el gestor de la Ley Mordaza y que utilizó las cloacas del Estado para espiar a políticos de partidos que cuestionaban la labor de su Gobierno. Pero este integrista, ultracatólico y opusdeísta es a quien su ángel de la guarda le ayudaba a encontrar parking para su coche. Se supone que el ángel de la guarda tiene preferencia por los ministros, y si son del PP mucho más, y si además están en las filas del Opus Dei le debe pagar la factura del parking, para que pueda donar lo ahorrado a la caja de la Universidad Católica de Murcia, mientras que los no creyentes en ángeles que nos guarden tenemos dificultades para aparcar y además tenemos que pagar el ticket correspondiente.
Jorge Fernández Díaz
Y nuestra tercera lumbrera es el Rector de la Universidad Católica San Antonio. Está casado y tiene 14 hijos, si hubiera tenido que parirlos él, seguro que no hubiera pasado de uno, como mucho. No es de extrañar, pues es miembro activo de la secta ultracatólica Camino Neocatecumenal fundada por Kiko Argüello, Carmen Hernán y el cura italiano Mario Pizzi. En 1991 fue misionero de la ICAR como familia en misión en la República Dominicana. Ha mostrado su desacuerdo con las políticas sobre el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2018 mantuvo una posición crítica contra un programa de educación afectivo sexual que impartía el colectivo LGTB “No te prives” en los colegios. Aseguró que no iba a permitir que se haga “proselitismo de adoctrinamiento” en los colegios. Ramalazos de dictador ya tiene. Dichos cursos, dijo, van “en contra del derecho constitucional y de la familia”. Cuando ellos adoctrinan, en los colegios, desde la educación infantil.
En febrero de 2020 la Fiscalía solicitaba tres años de prisión contra Mendoza por realizar obras ilegales en el entorno del Monasterio de los Jerónimos, delito contra la ordenación del territorio. Pero fue en junio pasado cuando saltó a todos los medios de comunicación del país por sus declaraciones en un acto público celebrado en el campus de Los Jerónimos de la UCAM. Defendió las teorías conspirativas referentes a las vacunas contra el coronavirus. Esa enfermedad, según este genio de la medicina, era causada por “las fuerzas del mal, del Anticristo y quienes le sirven”. Hablando claro y breve, por los comunistas chinos. Y se quedó más ancho que largo. Así son las mentes privilegiadas de la ultraderecha española. Aunque también les puso nombre y apellido a otros servidores del Diablo: Bill Gates y George Soros. Estos eran nada menos que “esclavos y servidores de Satanás”, los cuales pretenden usar la futura vacuna para implantar chips a la población con el maligno fin de “controlar nuestra libertad”. Y este Rappel del siglo XXI, es nada más y nada menos que el Rector de la UCAM. En el año 2016, otra lumbrera del PP y Ministro de Educación, Cultura y Deporte, el tetuaní Iñigo Méndez de Vigo Montojo, reconoció la labor cultural de José Luis Mendoza concediéndole el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, la cual premia la labor personal y aportación para la sociedad en el ámbito de la docencia, la investigación, la cultura y el deporte. Aquí viene como anillo al dedo aquello de “Juan Palomo, ellos se lo guisan, ellos se lo comen”. Todo queda en casa, que para eso ellos son los “legítimos propietarios“ de las instituciones que pagamos todas y todos. Lo grave de todo esto es que gente del Opus Dei, Legionarios de Cristo Rey y miembros de la Orden Constantiniana de San Jorge hayan ocupado y ocupan puestos claves en instituciones: Policía Nacional, Guardia Civil, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional.
Volviendo al inicio de este artículo, he aquí algunos datos más como ampliación del mismo. La ICAR es en España la institución más subsidiada, recibiendo de la Hacienda común una financiación privilegiada y no democrática, que utiliza para su propia propaganda a través de 13TV y COPE, en vez de utilizarla para sostener la labor humanitaria. La Iglesia Católica se apropia de lo común, que no lo necesita, ya que se podría autofinanciar, y sin embargo se opone a la imprescindible solidaridad con quienes de verdad lo necesitan. Hasta el Papa Francisco reclama un salario universal como derecho humano. La Iglesia da la espalda a los pobres, no apoyando las medidas de dignidad para las personas y no con actos que niegan esa dignidad, ya que la caridad no es el camino, ni el tener que ir a las puertas de las iglesias o bancos de alimentos, mendigando una limosna o un kilo de arroz o un cartón de leche, estas acciones denigran a quienes por necesidad vital tienen que acudir a esos auténticos antros de injusticia social. Que quede bien claro, justicia y solidaridad con los más desfavorecidos y nunca una humillación para quienes tienen que acudir a pedir limosna. La Iglesia nunca ha estado de parte de los pobres, aunque pregonen lo contario. Y queda una pregunta en el aire, que la ICAR no quiere dar respuesta, ni quiere oírla: ¿No fue su fundador quien dijo aquello de que había que dar de comer al hambriento, agua al sediento, ropa al desnudo y casa y cuidados al sin techo y enfermo? Por lo visto aquello ya no vale. Solo vale de su doctrina aquello que favorece a sus ruines intereses. Los obispos están en contra del IMV, que el Gobierno ha aprobado por ley, para que millones de familias españolas puedan escapar del hambre y la miseria tras la pandemia del coronavirus. Ellos están en contra: así de crudo y así de duro. La Conferencia Episcopal Española no puede alegar que la idea de Pedro y Pablo, nombres emblemáticos en su credo, sea una idea de peligrosos rojos bolivarianos, ya que hasta el mismo papa Francisco se ha pronunciado a favor de que los gobiernos concedan esa solidaria renta básica como “medida permanente”. Pero los ultracatólicos españoles son otra cosa, son la reserva espiritual de la Europa evangelizadora, fuera y dentro de nuestras fronteras. Aunque eso sí, que no les toquen los subsidios estatales ni la facultad de inmatricular bienes e inmuebles a su libre albedrio. En Catalunya, la situación llega a la abrumadora cifra de 3.772, y resto del estado más de 100.000 bienes, según datos de la Unió de Pagesos, la Associació de Micropobles de Catalunya y la Coordinadora Recuperando. Por otro lado, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, negocia con absoluta opacidad el tema de las inmatriculaciones con la jerarquía eclesiástica en Madrid y en Roma. Hurtar información y transparencia informativa a la sociedad para que esta se forje un criterio propio sobre el volumen y el detalle de lo inmatriculado es el peor camino posible para resolver de manera adecuada este gravísimo problema. Y la ICAR tiene la jeta de hablar de sociedad subsidiada.
Para tener una pequeña idea de lo que es la franquicia española de la multinacional conocida como Iglesia Católica Apostólica y Romana (ICAR), veamos algunos datos relevantes, según su propia información de 2018. La sección española está dividida a su vez en 70 diócesis, con 23.021 parroquias, 801 monasterios, 17.754 sacerdotes, 40.096 religiosos /as y 2.587 centros educativos católicos. Tiene 100.973 catequistas, 11.018 misioneros españoles en 130 países: sacerdotes, religiosos y laicos, alumnos 1.497.111, personal docente 103.569, 15 universidades con 89.547 alumnos. Cáritas 83.951 voluntarios, Manos Unidas 5.160 voluntarios. Marcan la X 8.500.000 contribuyentes, que equivale a 268.048.006 millones de euros. Que cada cual saque las conclusiones pertinentes, pero lo que queda meridianamente claro es que la multinacional de la fe es una institución plenamente subsidiada, y que en su conjunto recibe del Estado, por diversos conceptos cerca de 12.000 millones de euros anuales. ¿Qué nombre le ponemos a esa realidad económica? Multinacional religiosa subsidiada, subvencionada… y eso qué importa. Lo que de verdad importa es que no tienen fuerza moral para defender que no hay que implantar un Ingreso Mínimo Vital para millones de familias, que lo necesitan para no vivir en la más hiriente pobreza económica.