Tal como se preveía, la sentencia del Tribunal Supremo español sobre las personas implicadas en acontecimientos ya conocidos como el “procés”, ha sido la de una clara revancha política y judicial, es decir, ha sido una venganza en toda regla de las fuerzas políticas autodenominadas “constitucionalistas”, y todo con el apoyo en la sombra de los poderes fácticos estatales; le tenían ganas a los movimientos independentistas y a quienes levantaron la voz contra el actual régimen monárquico corrupto hasta las cejas, régimen engendrado en los famosos Pactos de la Moncloa (franquistas, monárquicos, socialistas, carrillistas, etc. ). Esta sentencia ha sido un aviso para navegantes, para quienes hartos de tanto latrocinio y de tanto centralismo inmovilista se han echado a la calle para defender sus derechos más básicos: libertad de expresión y libertad de decisión sobre su destinos personales y colectivos, un aviso también para quienes desean un verdadero cambio del status quo que rige la política y la vida social, y que padecemos de manera brutal desde hace ya muchos años.
Antes de continuar sobre lo que ha representado la nefasta sentencia, veamos qué hay detrás de los “partidos constitucionalistas”. En primer lugar, hay que decir que esa denominación ha sido muy manoseada por quienes han demostrado una y mil veces lo poco que tienen de constitucionalistas ni de demócratas. Esa expresión hace muchísimo tiempo que ha perdido su sentido político y también social. Quienes se llenan la boca con la palabra Constitución, son aquellos que más han asaltado la propia Constitución en todos sus principios democráticos. Esos mentirosos compulsivos son los mismos constitucionalistas que durante décadas han trincado del erario público; han incumplido sistemáticamente esa Constitución de la que se autodesignan valedores únicos. Sí, verdaderamente son constitucionalistas, pero del trinque y de las puertas giratorias. Sus actuaciones políticas y sus proclamas ideológicas dejan muy de manera fehaciente que los contenidos y principios de la tan cacareada Constitución les importan un rábano.
El bipartidismo del PSOE y del PP ha ido, con el paso de los años, vaciando de contenido social, democrático y progresista la propia Constitución, que ellos consideran inmutable, excepto cuando les conviene, ya que, con nocturnidad y alevosía, cambiaron el artículo 135 de la misma para imponer el cumplimiento del déficit a la ciudadanía, en favor de las entidades bancarias acreedoras y a los fondos buitre. Este fue el primer gran movimiento para dejar sin contenido el Estado social que se recoge en la Carta Magna. Los mencionados constitucionalistas fueron aprobando sucesivas reformas legales que han recortado de manera drástica tanto los derechos sociales como laborales. Tampoco hay que olvidar la agresión constante al sistema público de pensiones y a su Fondo de Reserva. Sacando una y otra vez dinero de este para pagar la deuda contraída por los de siempre, este saqueo anual ha sido sangrante durante el período que ha estado Mariano Rajoy al frente del Gobierno Español.
Se ha ido desmontando, por parte del bipartidismo corrupto, los principios constitucionales que salvaguardan los derechos democráticos fundamentales. Se han aprobado leyes tremendamente lesivas para las libertades de la población en su conjunto. En su tiempo tuvimos que padecer la antidemocrática Ley Corcuera del gobierno del PSOE, actualizada por el Partido Popular y su llamada “Ley Mordaza”, además de la ley de Enjuiciamiento Criminal, para endurecer el Código Penal… Con ellas se han delimitado diferentes derechos como los de libertad de expresión, de información, de asociación, de manifestación, de opinión, etc. Se ha pulverizado la progresividad fiscal como garantía de igualdad y solidaridad, y con esas y otras medidas se han deteriorado los derechos civiles y políticos y el Estado de Derecho. Son los mismos que han devaluado la calidad democrática, sobre todo, por la no separación de poderes, utilizando los tribunales de justicia en aras del interés partidario, y de esa manera judicializar la política si los resultados electorales no les eran del todo favorables. La no autonomía e independencia de las instituciones del poder judicial han quedado en evidencia en multitud de ocasiones. Parece ser que la Constitución, de la que se celebró el pasado 6 diciembre su 41 cumpleaños, se resume en cuatro artículos, los que se refieren a la Unidad de España, la función vigilante del Ejército, el 155 y el 135. Para terminar este apartado señalar que los últimos admitidos en el selecto club de reaccionarios constitucionalistas son los ultraderechistas de VOX, que si por ellos fuera quitarían de un plumazo las molestas autonomías.
Después de este largo paréntesis, volvamos a las cuestiones que hacen relación a la sentencia del “proces” en su vertiente jurídica. Por un lado, la desobediencia continua del Parlament de Catalunya relacionada con la aprobación de leyes que chocaban con las emanadas de las Cortes Generales del Estado, y su contundente y constante desacato al Tribunal Supremo y al Constitucional, ha tenido como resultado, casi previsto, la dura sentencia hacia los líderes soberanistas. Dicha sentencia ha sido la causa principal de la enorme convulsión que produjo en Catalunya las condenas y la posterior movilización de una importante parte de la población catalana. La coartada para juzgar a los encausados en el Tribunal Supremo (sito en la capital del reino), y no en Catalunya, fue acusarles de sedición, malversación, rebelión. Para los medios de comunicación al servicio del Estado, políticos de todo pelaje, partidos salvaguardas de la pureza Constitucional, lo ocurrido el 1-O era un verdadero golpe de estado, aunque no hubo levantamiento militar alguno, ni violencia más allá de la cívica oposición ciudadana a las fuerzas llamadas “del orden público”; se les acusó de esos delitos para que el juicio se celebrara en Madrid, ya que es el Tribunal Supremo donde se juzgan ese tipo de delitos, tal como desde un principio reclamaba el Fiscal General del Estado. El motivo que subyacía en dicha petición era que los jueces catalanes podían considerar como simples actos de desobediencia civil y las penas podrían reducirse al mínimo. Tanto el TS como TC no estaban dispuestos a consentir el ninguneo lleva a cabo por los políticos independentista en los últimos años, y al trasladar fuera de Catalunya el juicio, con un tribunal hecho a su medida las condenas iban a ser muchísimo más duras, como así ha sucedido. Lo que era una simple desobediencia, en manos de los jueces centralistas derivó en una rebelión, terminando finalmente en una sedición política, o como el mismo TS ha dictaminado, una “ensoñación” para “presionar”, y que así el Gobierno autorizase la celebración de un referéndum para que la ciudadanía pudiera de esa forma expresar, mediante las urnas, su voluntad de que Catalunya se convirtiera en una República Independiente.
En cuanto al resultado final de la sentencia, las condenas han sido las siguientes: A) Por dedición y malversación, con prisión e inhabilitación: Oriol Junqueras (13 años), Raúl Romeva (12 años), Jordi Turull (12 años), Dolors Bassa (12 años). B) Por sedición, con prisión e inhabilitación: Josep Rull (10 años y 6 meses), Carme Forcadell (11 años y 6 meses), Joaquim Forn (10 años y 6 meses), Jordi Sánchez (9 años), Jordi Cuixart (9 años). C) Por desobediencia, con sólo inhabilitación: Santi Vila (1 año y 8 meses), Maritxell Borrás (1 año y 8 meses) y Carles Mundó (1 año y 8 meses). La convulsión por esta sentencia -sin precedentes en España- provocó en la ciudadanía catalana una movilización sin parangón hasta ese momento, la cual colapsó el aeropuerto del Prat de Llobregat y causó cuantiosísimos desperfectos en el mobiliario urbano, debido a las barricadas y quema de contenedores de la basura, mesas y sillas, además de destrozos de jardineras y el arranque de adoquines, etc. Los enfrentamientos contra Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil fueron de una gran contundencia, ya que los manifestantes iban preparados y estaban perfectamente organizados. En su momento, se comparó la situación en las calles de Barcelona, fundamentalmente por la noche, con la época más virulenta de la Kale Borroka en pueblos y ciudades de Euskadi.
Para terminar, vamos a describir de manera sumamente resumida las 10 claves de la sentencia: 1. Hubo violencia, pero no rebelión. 2. Engañaron a “ilusionados ciudadanos”. 3. La declaración unilateral de independencia fue simbólica e ineficaz. 4. Los condenados tienen derecho a un tercer grado penitenciario. 5. El ex-President Carles Puigdemont, ausente del juicio por estar exiliado en Bélgica, de nuevo en el punto de mira, ya que ha sido solicitada por el juez Llerena su entrega a la justicia española. 6. Nadie ha sido juzgado por ir a votar. 7. El derecho a decidir no existe para una Comunidad Autónoma. 8. Los Mossos d´Esquadra, con su major Josep Lluís Trapero a la cabeza, son cómplices del 1 de 0ctubre. 9. El 20-S y el 1-O fueron los cimientos de la sedición. 10. Hubo malversación, ocultación y falta de control por parte de los líderes políticos del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Como conclusión, afirmamos que la marcha hacia la independencia de Catalunya es imparable. Que nada ni nadie puede con la firme voluntad y convicción de un pueblo a regir sus propios destinos. No somos partidarios de crear nuevos estados, pero sí somos acérrimos defensores de que se ejerza la libertad de expresión en todos los ámbitos de la convivencia ciudadana, ya sea esta de carácter político o social. Todo colectivo humano tiene el derecho a expresar libremente su opinión sobre cualquier tema que le afecte. La caduca Constitución Española, de claras reminiscencias franquistas, no puede ser un obstáculo sine die para que los habitantes de Catalunya expresen su intransferible voluntad sobre cualquier cuestión que les incumbe de manera directa. No estamos hablando de caprichos pasajeros sino de derechos fundamentales de las personas y de las colectividades. Nos reafirmamos: la sentencia contra los líderes políticos catalanes ha sido una clarísima muestra de una sibilina revancha, de una soterrada venganza del Poder Judicial y parte de la clase política.