No hace muchos años, en otra editorial, tuvimos que escribir (a cuenta de diversas sentencias a políticos, banqueros y empresarios) que hay dos varas de medir, cuando es la hora de impartir justicia. Nosotras y nosotros, libertarios, hemos tenido que sufrir, en nuestras propias carnes, las injusticias de la llamada “justicia”. Hemos comprobado, una y mil veces, que las leyes están hechas para los que se benefician del sistema social vigente, llamado en la actualidad Neoliberalismo, el capitalismo más salvaje y asesino a lo largo de su historia, casi bicentenaria. Visto lo dictaminado en el Caso Nóos, nos reafirmamos en que la justicia no es igual para todos y todas, y que en casos como éste y los de Caja Madrid (hoy conocida como Bankia), Caja del Mediterráneo, Caixa Nova, Tarjetas “Black”, Caixa Catalunya, Caja del Mediterráneo, etc. Son sentencias escritas con una idea básica: no condenar a sus responsables con la dureza penal que sus actos delictivos merecen. Y en ningún caso hay, ni por asomo, una proporcionalidad con otras sentencias que afectan a personas sin recursos, y que no pueden hacerse con los servicios jurídicos de afamados bufetes de abogados, como en el caso Nóos. Si a ello sumamos la imparcial actuación de fiscales como Pedro Horrach, en defensa de la impresentable y corrupta Infanta Cristina de Borbón y Grecia, hay que concluir que en España hay una forma de justicia que se imparte a la carta, es decir, en función de quién se sienta en el banquillo de los acusados. Antes de continuar con la actualidad relacionada con la corrupción y la actuación de jueces y juezas en los últimos casos sentenciados, vayamos a la raíz del por qué actúan así lo jueces y fiscales, sobre todo estos últimos. Vayamos a la que dicen es la norma de convivencia que nos hemos dado en España: La Constitución. Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978. Ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978. Sancionada por el Rey ante Las Cortes el 27 de diciembre de 1978. En el título I: De derechos y deberes fundamentales. Capítulo Segundo: Derechos y libertades. En el artículo 14, dice: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancias personal o social”. Bueno, a ver si cuando redacten nuevamente la Constitución ponen españoles y españolas, eso de que son iguales a pesar de su condición o circunstancia personal no es verdad, es en el día a día una gran mentira. Pero lo más grave es que lo que posibilita que los fiscales actúen de la manera que lo hacen, en los últimos casos más mediáticos de la corrupción, es que la Constitución en su artículo 124 da facilidades para que los fiscales actúen al servicio del Gobierno de turno. Dicho artículo en sus cuatro apartados dice así: “1. El Ministerio Fiscal, sin prejuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. 2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. 3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. 4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del poder judicial”. Si el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, se entiende perfectamente cómo ha sido posible la aberrante actuación del fiscal de Palma, éste está a las órdenes de su superior, y si el Fiscal General le ordena que abogue a favor de la Infanta Cristina, pues manos a la obra, y el resultado lo hemos visto en la absolución de la misma, aunque ello se haya debido a las juezas, pues éstas también reciben presiones, y no pequeñas, del aparato del Estado: Corona, Partidos políticos, Fiscal General y Poder Judicial, junto a la Banca y las grandes multinacionales. Pero eso no nos lo inventamos nosotros, que tenemos animadversión al Estado, sino que lo afirmó el nuevo fiscal general de Murcia, José Luis Díaz Manzanera: “Las presiones existen, pero hay que vivir con ellas y tener capacidad de adaptación”. A qué llama “capacidad de adaptación”, a decir sí a lo que le pida el superior jerárquico. Después de los 38 cambios en los fiscales que luchan contra la corrupción, y las palabras del nuevo Fiscal General, José Manuel Maza Martín, de que a partir de ahora se iba a hacer lo que él dijera, no queda duda de por dónde van a ir las cosas, es decir, las nuevas sentencias. Serán, sin duda, sentencias a la carta: favorecer a los corruptos de altos vuelos y cebarse en aquellos que no tienen recursos económicos. Libertad provisional sin fianza para unos y prisión inmediata para otros y otras. Centrándonos en el Caso Nóos, decir que la sentencia consta de 744 páginas, como es lógico no hemos leído ni vamos a leer la misma. Sí que lo hemos hecho con las 10 páginas del fallo. En dicho fallo vienen los nombres y apellidos de los condenados o absueltos en dicho caso, junto con los delitos de los que se les condena y la repercusiones sociales o penales de cada uno de ellos y ellas. A Ignacio (Iñaki) Urdangarín Liebaert se le condena a 6 años y 3 meses de prisión, por los siguientes delitos: falsedad en documento público, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública. Le absuelven de falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias relacionado con el evento IBF 2006 y con la Comunidad Autónoma de Baleares. Condenado a 6 años y 3 meses de prisión y una multa de 512.553euros. A Diego Torres Pérez se le condena a 8 años y 6 meses de prisión y una multa de 1.723.843euros. A Cristina de Borbón y Grecia, se le absuelve y le imponen una multa de 265.000 euros. A Ana María Tejeiro Losada (esposa de Diego Torres), se le absuelve, y también le imponen una multa de 344.934 euros. Repetimos, toda una muestra de justicia a la carta. De haber sido otros los encausados, hablamos de La Infanta y Urdangarín, la sentencia hubiera sido totalmente otra, hubieran sido cabezas de turco para que sirvieran de ejemplo a quienes cometen actos parecidos, pero que no están en la órbita de la Corona borbónica. A pesar de que la Infanta Cristina -que no renuncia a sus “derechos sucesorios”- ha sido absuelta, la Corona se ha visto salpicada por el Caso Nóos, ya que bajo su paraguas institucional, los dos se han enriquecido utilizando el nombre del ex Rey, Juan Carlos I. No basta con quitar títulos nobiliarios a esos dos delincuentes, no basta con apartar al anterior Rey de la vida social e institucional, pues Juan Carlos se ha visto implicado de manera subsidiaria: por consentir y no denunciar o no parar los muchos actos delictivos llevados a cabo por su hija y su yerno. La Corona aún no ha asumido la parte de responsabilidad que le toca, ya que no ha dado muestra de ejemplaridad institucional. La historia terminará así: se recurrirá al Tribunal Supremo (aliado permanente de los poderes fácticos, se rebajará la pena y con una simbólica entrega de dinero – robo diez y pago uno- se evitará la cárcel del cuñado del Rey Felipe). En defensa de la Infanta Cristina, aún después de conocida la sentencia, el antes mencionado fiscal Pedro Horrach ha afirmado lo siguiente: “A la Infanta se le ha tratado de manera diferente”. Pues sí, a la Infanta se le ha tratado muy diferente a miles y miles de condenadas por motivos menos graves, y han tenido que ir a la cárcel durante varios años. Hay también alguna defensa muy pintoresca, con ramalazos de machismo muy claros. Es el caso del “gran chaquetero” de los medios de comunicación, Sánchez Dragó, el cual ha salido también en defensa de la corrupta Infanta, sus palabras no tienen desperdicio: “ni una de mis siete mujeres, se ha interesado en el papeleo de nuestras finanzas”. ¡Quién te ha visto y quién te ve, amigo Lucas! El Ministro de Justicia, Rafael Catalán, de quien depende el Fiscal General del Estado, al conocer la sentencia, elogió la independencia del tribunal de Palma por su fallo en el Caso Nóos, formado por las juezas: Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín. Pero a renglón seguido, olvidando su propia apología, le pareció mal que el fiscal general de Murcia no interrumpiera el sumario sobre el presidente actual de dicha Comunidad. Si lo anterior es grave, mucho más graves son las palabras de un ilustre jurista, cuando afirma: “Ir a un juzgado es terrorífico, porque las hordas te pueden lapidar en la calle. La chusma pide patíbulo, patíbulo”. Vaya con los vocablos utilizados “hordas y chusma”. Son de un tufillo nacional-católico/ franquista que echa para atrás a cualquier persona decente. Que sepamos no se ha apedreado a nadie al ir al juzgado, ni se ha pedido el patíbulo para los encausados, tal vez, él si haría las dos cosas, si le tocase juzgar a los que no piensan como él. Si ha habido personas que han increpado a los corruptos ha sido porque sus acciones han arruinado sus vidas, pero nunca han utilizado la violencia física ni de otro tipo. Sí, era una verdad como un puño, “la gente dirá que la Justicia es un cachondeo, y yo tengo que darles la razón”, eso fue lo que dijo en 1985, el entonces alcalde de Jerez de la Frontera, Pedro Pacheco, dirigente del Partido Socialista Andaluz. Eran tiempos en los no se podía poner en cuestión las oscuras actuaciones de la Justicia, la Iglesia Católica, el Monarquía borbónica y el Ejército heredero de la Dictadura. Pasados más de treinta años de ello, la realidad de los acontecimientos relacionados con la Justicia en España, le da la razón al que fue un representante de la autocracia cañí andaluza y un abanderado de lo que hoy conocemos como populismo político, que tuvo grandes seguidores con los esperpénticos y corruptos Gregorio Jesús Gil y Gil (corrupción en el Ayuntamiento de Marbella), José María Ruiz Mateos (“ Caso Rumasa” o el Imperio de la abeja) y Miquel Roca Junyent (comisiones del 3 % de CDC), entre otros. Visto lo que está ocurriendo con las últimas sentencias, la frase tiene, por desgracia para la ciudadanía, una escalofriante vigencia. Sí, la Justicia en este país es un cachondeo, entre otras razones por: funcionamiento de la misma, la disparidad de criterios en su aplicación, la ausencia total de objetivos comunes, el colapso permanente en todos su ámbitos y el descomunal deterioro generalizado, lo cual provoca, como es lógico, una enorme insatisfacción entre la población, sobre todo en aquella que más necesidad tiene de que la Justicia sea rápida e igual para todas las personas. La Justicia española, como afirmaba hace poco un prestigioso periodista, no es ciega, es, simplemente, tuerta, ve sólo con un ojo, el derecho. Se dice que la Justicia no dispone de recursos suficientes para realizar con garantías su labor, puede que haya parte de razón en ello, pero no hay que olvidar que los países más ricos que el nuestro tienen menos jueces y menos litigios. Ello es debido a la sociología o modelo de país: un Estado moderno y bien organizado necesita menos Justicia. En España se usa la Justicia como remedio al fracaso generalizado de la Administración y la sociedad, tanto en la vertiente política como la económica y social. La justicia es uno de los estamentos más desprestigiados en el Estado español, y las últimas sentencias, de marcado rasgo político, no contribuyen, para nada, a mejorar la percepción que de ella tiene el conjunto de la población. El desprestigio de la Justicia, ganado a pulso durante los últimos 30 años de “democracia”, al estar en multitud de casos al servicio del partido en el poder, ha hecho que muy pocos crean en la imparcialidad de la misma. Prueba de ello ha sido y es la permanente sumisión de los Fiscales Generales del Estado a las presiones del Gobierno de turno. Hay que recordar, una vez más, como hemos escrito al principio de esta Editorial, que la Fiscalía está sometida al Ministerio de Justicia, que no es independiente, y que hasta el actual Fiscal General del Estado, Manuel Maza Martín, ha reconocido, antes de ser nombrado Fiscal General, que había recibido presiones para suavizar las actuaciones investigadoras hacia algunos partidos políticos, sobre todo con las que se refieren al Partido Popular, actualmente en el poder, y su gran cómplice en esta legislatura , el Partido Socialista “Obrero” Español (léase “Caso de los EREs), en la Andalucía de las peonadas y procesiones de semana “”santa” anual. Toda una vergonzante pantomima: el caso Nóos, las tarjetas “Black, preferentes de Caja Madrid/Bankia, la Púnica, Luis Bárcenas, el Bigotes/ Correa, el 4% de CDC, el Caso Palau de la Música Catalana, etc. Mientras ellos se irán, como siempre, de rositas en proporción a los delitos cometidos, aquel que se atreva a robar una bicicleta, haga una parodia contra el poder establecido, o haga un rap disidente sobre la Iglesia o la Monarquía, sobre él o ella caerá todo el peso de la ley. Así pues, la JUSTICIA no es ni ciega ni tuerta. La aplicación de la ley está al servicio de los que tiene el poder y el dinero. Para los demás es dura e inexorable. Lo dicho: ¡Justicia a la carta!