ELECCIONES GENERALES DEL 26 -J: 7.868.109 VOTANTES APOYAN LA CORRUPCIÓN DEL PARTIDO POPULAR.
 
   Es desolador comprobar como un partido corrupto hasta la médula consigue setecientos mil votos más que en las anteriores elecciones (20 de diciembre de 2015), cuando cada semana  se descubre un nuevo caso de corrupción protagonizado por miembros muy significativos del partido que está en funciones. Es desmoralizador comprobar cómo una parte de la ciudadanía de nuestro país se comporta frente a la corrupción, frente al latrocinio que el partido de la banca, la Iglesia y las multinacionales ha instaurado en diferentes ámbitos de la sociedad española. En vez de castigarles con un voto en contra, van y les aúpan al primer puesto en número de votos, de escaños, en las elecciones celebradas el pasado día 26 de junio.
    Más aún, es casi de ciencia ficción, el dato de que en la Comunidad Autónoma  Valenciana, donde el Partido Popular tiene más políticos encausados por el tema de la corrupción, ha obtenido dos escaños más que en las pasadas elecciones generales (1 en Alicante y otro en Valencia). Parecía que con lo del caso “Taula”, y lo del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el electorado de derechas iba a volver a castigar al PP del presidente Mariano Rajoy (conocido en los medios de comunicación como “El Plasma”), pues ha sido todo lo contrario. Se nos puede argumentar que los que votan al PP no tienen por qué  ser corruptos, que en cualquier grupo humano, partido político o no, siempre se puede dar, y se dan casos de personas corruptas, pero que ello no implica que el conjunto del partido y sus votantes  lo sean. Eso es verdad, pero dar un voto a quien sabes, de antemano, que su forma de actuar es corrupta, que su estructura organizativa es utilizada para cometer actos delictivos relacionados con la financiación propia y el lucro personal de sus dirigentes, dar un voto a ese entramado de corte mafioso, es ser cómplice de la corrupción que transita de manera desbocada por las sucias venas del partido de la Gürtel.
   Hay un hecho que indica, bien a las claras, lo que subyace en la decisión de votar al partido de esas características: prefiero votar a los míos aunque sean corruptos que dar el voto a mi oponente político, aun sabiendo que estos otros no están enfangados en el cieno de la  corrupción. Ello contrasta de manera abierta con la postura de sus dirigentes espirituales, léase Iglesia Católica, que ante la pregunta de a quién votar, afirmaban que ellos no se metían en política (durante el franquismo no decían ni hacían eso), pero que los seguidores de Cristo tenían que tener en cuenta la moral defendida por cada uno de los partidos que concurrían a las urnas, y que como creyentes no podían dar su voto a quienes apoyan el aborto, el matrimonio gay, etc. No hicieron alusión alguna al tema de la corrupción. Por lo que se ve ese es un tema secundario en las prioridades de la jerarquía eclesial. Aún estamos a la espera que se pronuncien en lo referente al desvío de dinero que hicieron los dirigentes del PP valenciano durante la visita de Benedicto XVI a la ciudad de Valencia, visita relacionada con el Encuentro Mundial de las Familias en 2006, en que se malversó más de 6 millones de euros, qué tipo de moral tiene la Iglesia Católica, cuando pide de manera encubierta el voto de la ciudadanía para ese partido y sus dirigentes, manchados de corrupción. Aquí se puede aplicar la frase de un mandatario estadounidense, cuando se refería al dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo Molina: “El dictador Trujillo es un cabrón, pero es un cabrón amigo nuestro”. Trasladando esa frase al tema que nos ocupa, bien podría decir la jerarquía eclesiástica española: “El PP es corrupto, pero hay que votarle porque es de los nuestros”.
   Entonces, cabe preguntarse ¿a qué tipo de moral se refiere la Iglesia Católica, cuando habla de que hay que votar quienes tienen una moral acorde con sus postulados? Por lo tanto los y las  que votaron el 26 de junio a favor del Partido Popular,  son cómplices directos de que en España pueda continuar gobernando un partido corrupto hasta las trancas, y que siga haciendo de las suyas durante una nueva legislatura, dichos votantes  son actores necesarios para que el latrocinio y la corrupción sigan campando por sus respetos, y los más grave,  con un reforzamiento que ya se está notando en las múltiples declaraciones postelectorales de sus máximos dirigentes, con Rajoy a la cabeza, cuando dicen, sin pudor, cerca de 8 millones de votantes nos han dado su apoyo para seguir gobernando durante cuatro años más, con o sin pactos de legislatura.
   Parece ser que la corrupción, por lo visto en estas recientes elecciones generales, no está tan mal vista como se podría entender por los recientes datos del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), entidad de titularidad estatal, el cual sitúa a la corrupción en el segundo lugar de las preocupaciones de la ciudadanía, por detrás del desempleo. De ser así, cómo es posible que un partido que tiene en sus filas tantas y tantos corruptos (Rita Barberá, Enrique Granados, Alfonso Rus, Francisco Camps, Carlos Fabra, Rodrigo Rato, Juan Cotino, y un largo etcétera) pueda ganar unas elecciones generales. De Alfonso Rus, en un mitin de campaña electoral,  el mismo Rajoy llegó a decir estas esclarecedoras palabras de apoyo al político valenciano: “Yo te quiero, Alfonso, coño, te quiero”.
   Sin lugar a dudas, el nuevo Gobierno tendría que emprender una serie de urgentes reformas  para luchar contra esa vergonzante  lacra social, pero si continúa el PP en el poder todo quedará en agua de borrajas, ya que este partido corrupto y ladrón participa de manera muy activa e interesada en mantener el status quo de la situación actual.
   Los principales partidos políticos han situado el combate contra la corrupción en un lugar muy destacado de sus programas electorales y de sus múltiples declaraciones públicas; pero de nada va a servir esta postura si el Partido Popular -el más “populista” de todos los partidos- se mantiene en el mullido sillón de la Moncloa. Como dicen algunos analistas políticos, politólogos o no, no hay políticas anticorrupción de izquierdas o de derechas, sólo hay buenas o malas formas de combatir la corrupción. Por lo visto hasta el momento, en la última legislatura, el partido en el Gobierno no tiene una verdadera voluntad de mejorar los niveles de integridad y decencia públicas. Se ha podido comprobar en las conversaciones del ministro del Interior y el Jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, para fabricar escándalos que perjudicaran a los partidos independentistas catalanes, Esquerra Republicana de Catalunya y Convergència Democràtica de Catalunya, como el PP no está por la labor de regenerar el panorama relacionado con la corrupción en su partido y en la sociedad en su conjunto.
   La lucha contra la corrupción no es solo un problema de persecución del delincuente, va más allá y abarca entre otros muchos aspectos, tres elementos básicos: evitar errores, reducir las oportunidades para delinquir y acabar con la percepción de impunidad, que hasta el día de hoy impera en personas y entidades de diverso pelaje (partidos políticos, entidades financieras, fondos buitres, empresas multinacionales, bufetes de abogados, etc.). Una estrategia contra la corrupción pasa por una línea de actuación de buen gobierno.
   No va a ser  cosa fácil, ya que poquísimas sociedades del planeta han conseguido construir un orden de gobierno que deja poco espacio a la corrupción. Está por ver si la crisis de 2008, crisis para los de siempre, que ha sacudido el panorama político de España, y que ha causado un  profundo malestar social, supone una buena coyuntura para la introducción de los cambios adecuados que permitan mejorar la calidad de las instituciones de gobierno, tan maltrechas en las últimas décadas de gobiernos tanto socialistas como populares/populistas. Ya no valen reformas de carácter cosmético y que no entran de lleno en el meollo del problema al buscar sólo dar la apariencia  de que algo se hace a costa de generar más frustración y malestar ciudadano. Hay que actuar en la línea de reducir lo más posible las oportunidades para que se pueda defraudar. No es reduciendo los controles dedicados al fraude, ni poniendo los que hay para perseguir los pequeños delitos y dejando que el gran agujero de la corrupción se vaya de rositas cuando son pillados in fraganti, como pasó con CEMEX ESPAÑA, con sede en Monterrey /México, ya que la multa de 455 millones de euros, impuesta por la Hacienda española a dicha filial, se quedó en una vergonzosa y simbólica multa de unos 30 millones de euros por las irregularidades cometidas durante el período contable de 2006 a 2009. No nos extraña que cuando los mandatarios españoles van a las Cumbres Iberoamericanas sean agasajados por los consejos de administración de esa y otras muchas empresas defraudadoras.
   Otro elemento básico, en la lucha contra la corrupción,  es la reducir el abanico  de oportunidades para corromper y a la vez poder ser corrompido. Con demasiada frecuencia las instituciones públicas se han puesto al servicio de intereses particulares con un gravísimo quebranto del interés general: contratación de trabajadores y trabajadoras por parte de la administración de ámbito local, autonómico o nacional/estatal, con un total desprecio de los principios de mérito y capacidad, sirviendo después para que sean fieles ejecutores  de los intereses partidarios, por encima de sus obligaciones profesionales, es decir, una ciega y corrupta lealtad hacia aquellos que los han colocado; se otorgan contratos públicos no a quien haya presentado la mejor oferta, sino a quien se comprometa a vehicular parte de los recursos públicos obtenidos para otros fines (en muchísimos casos para la financiación del partido que en ese momento gobierna, gastos personales o familiares, etc.). Para ello tienen que aceptar modificaciones sobrevenidas del importe del contrato que acaban disparando el precio final que se paga por los servicios prestados. Frente a ello hay un camino muy claro a seguir, el reforzar e incentivar la imparcialidad de los funcionarios y funcionarias y promover las alarmas tempranas de las posibles irregularidades, mediante la protección de los denunciantes, es decir, hacer todo lo contrario de lo ocurrido en Acuamet, que se puso en la calle a quienes denunciaron las tropelías que se estaban produciendo en esa entidad pública. Finalmente se debe atajar la percepción de que aquí no pasa nada, que puedes llevarte millones y millones de euros y si eres cazado no tienes que devolver nada de lo robado, si acaso, pasar una breve temporada en chirona y después a vivir como un auténtico marajá. Hay que reforzar los controles efectivos sobre el poder ejecutivo, acentuar el papel de control del poder político por parte del sistema judicial (hecho muy difícil mientras sea el Parlamento quien nombra al Consejo del Poder Judicial). En la actualidad no está garantizada la independencia/imparcialidad de tribunales, fiscalía y policía judicial cada vez tienen menos medios para cumplir con su misión, ya que eso iría en contra de los intereses espúreos de los partidos que han llegado al poder.
   No es recortando el plazo de prescripción de los delitos como se hace mejor el sistema judicial, ya que ello favorece a las grandes tramas de corrupción, las cuales invierten ingentes cantidades de dinero, proveniente de la corrupción, para pagar a solventes bufetes de abogados, cuya misión principal es el retraso de los juicios y hasta que prescriban la mayoría de ellos.  Por lo tanto, los delitos por corrupción no deberían de prescribir, o al menos, como mal menor, alargar las prescripciones de los delitos relacionados con la corrupción e incrementando sus sanciones penales y económicas. Es sangrante que por el “robo” de 80 euros, cuando una persona tenía 17 años de edad, se le ingrese en la cárcel para cumplir una condena de 18 meses, cuando está rehabilitado y tiene ya familia, mientras que otros,  por el robo de decenas de millones de euros, en menos de 5 años ya están en la calle, o a los pocos meses de su ingreso disfrutan del tercer grado y salen de la cárcel sin haber devuelto un euro, y encima pronuncian palabras en tono chulesco y van  haciéndose  la víctima y afirmando que se está cometiendo un atropello con su persona (supongamos que estamos hablando de  Luis Bárcenas o Mario Conde).
   Si por ganar el sí el Brexit, muchos habitantes del Reino Unido afirman que se avergüenzan de ser de ese país, cuántos tendrían que sentir vergüenza de pertenecer a un país donde un partido político como el PP consigue ganar unas elecciones generales. Un partido que tiene en sus filas a decenas de militantes imputados,  (¡disculpen! ahora se les llama investigados) y que acumula 55 casos  de corrupción económica. La corrupción de carácter político es otro de los capítulos que forman parte del abultado libro escrito por ese partido, antes llamado Alianza Popular, y que lideraba el franquista Manuel Fraga Iribarne; como dice el refrán castellano: “de tal palo tal astilla”.
   Terminamos con un hipotético, aunque no tanto, diálogo entre dos dirigentes del Partido Popular, que ha llegado a nuestra redacción, mediante una paloma mensajera, extraviada el 26 de junio a las doce de la noche. Dirigente M: “Aún no hemos aclarado si somos un partido político dedicado a la corrupción o una partida de corruptos dedicados a la política”. Dirigenta S: “Y eso qué más da si nos siguen votando”. La obra de teatro titulada “Corrupción en la Moncloa” continúa su representación diaria en el Madrid del borbón Felipe VI “EL AUSENTE”. Nosotros y nosotras no queremos reformar está sociedad, no estamos por poner parches al sistema. Estamos por otro tipo de convivencia entre las personas y los pueblos de la Tierra. Estamos por un cambio radical, revolucionario, pero mientras eso llega pedimos que esta sociedad sea lo más justa posible.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 

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